García Ortiz lleva seis meses sin abonar estas costas procesales gracias a que ha interpuesto recursos para no pagar.
El Tribunal Supremo fijó las costas a pagar en 79.942 euros, pero Álvaro García Ortiz recurrió. La letrada de la Administración de Justicia de las causas contra aforados estimó parcialmente el recurso y dictó un decreto en el que rebajaba las costas a 39.000 euros. No contento con la rebaja, el ex jefe del Ministerio Público ha puesto un nuevo recurso de revisión para no pagar las costas.
La defensa de García Ortiz solicita que «se excluya la aplicación del incremento previsto en el Criterio 66 del ICAM, o, subsidiariamente, lo reduzca a cero, al tratarse de un procedimiento de instrucción y enjuiciamiento en primera y única instancia ante el Tribunal Supremo, impuesto por razón del aforamiento, evitando que una garantía institucional se traduzca en una agravación económica desproporcionada para la persona física».
El abogado del Estado, que defiende al ex fiscal general del Estado, hace una enumeración de las partidas cuyas costas considera indebidas para que las asuma García Ortiz. «La imposición de costas por un escrito cuya finalidad es ajena a la investigación y al enjuiciamiento del delito es, por definición, indebida», esgrime.
El Tribunal Supremo ha tenido que abrir una pieza separada de tasación de costas para atender a las peticiones de Álvaro García Ortiz. El Alto Tribunal tiene pendiente resolver este último recurso que ha puesto el ex número 1 de la Fiscalía para no pagar.
El abogado de González Amador ha impugnado esta última maniobra de García Ortiz. A lo largo de un escrito de 16 páginas expone los motivos por los que debe asumir las costas a las que fue condenado.
