Lo más grave es que no lo dice un adversario político ni un tertuliano: lo reconoce el propio Estado en el Informe Anual de Seguridad Nacional 2025, elaborado con aportaciones ministeriales y del CNI.
El dato que debería haber encendido todas las alarmas no admite paños calientes: se han identificado más de 600 embarcaciones tipo “go-fast” vinculadas a operaciones sospechosas de narcotráfico, con especial incidencia en el Estrecho de Gibraltar y su entorno. Seiscientas. No es una cifra de “delincuencia común”; es la fotografía de una capacidad logística que no se improvisa, que requiere redes de combustible, infraestructuras, vigilancia, captación de mano de obra y una sensación de control del terreno incompatible con un Estado plenamente operativo.
Pero el número, por sí solo, no es lo peor. Lo verdaderamente inquietante es el salto cualitativo: el informe advierte de una creciente agresividad contra las fuerzas de seguridad, con tácticas como embestidas a vehículos y embarcaciones cuando temen perder la droga o ser interceptados, y menciona incluso “armas de guerra” en manos de estas organizaciones. Cuando una mafia se permite ese grado de violencia y sofisticación, el mensaje es evidente: se siente fuerte. Y si se siente fuerte, es porque durante demasiado tiempo ha percibido vacilación, insuficiencia o discontinuidad en la respuesta pública.
Aquí empieza la responsabilidad política. Porque lo que el Estado admite en sus documentos —que el crimen organizado asociado a las drogas es una amenaza con capacidad desestabilizadora— contrasta con una gestión que, a ojos de la ciudadanía, oscila entre el conformismo y la propaganda. La seguridad no se sostiene con declaraciones tranquilizadoras ni con la tentación de reducir todo a estadísticas de incautaciones: se sostiene con presencia, con inteligencia operativa, con coordinación real y con medios adecuados para quienes arriesgan la vida en el mar.
El problema, además, ya no es “local”. El propio análisis institucional señala una vulnerabilidad creciente no solo en el Estrecho de Gibraltar, sino también en el arco Canarias-Atlántico. Esto no es un matiz geográfico: significa que las redes criminales se adaptan, cambian rutas y ensanchan su radio de acción. Y cuando el Estado llega tarde a esa adaptación, lo que se consolida es un ecosistema: logística, reclutamiento, violencia y corrupción potencial. En otras palabras: el narco no “pasa”; se queda.
Hay un punto especialmente alarmante —y políticamente explosivo— que el informe también pone sobre la mesa: algunas redes podrían estar reutilizando rutas y medios pensados para el tráfico de drogas para actividades vinculadas a la inmigración irregular, diversificando su negocio. Esa convergencia no solo multiplica el beneficio criminal: multiplica el daño. Porque mezcla vulnerabilidad humana con economías ilícitas, y convierte el litoral en una autopista del delito donde todo es mercancía: droga, combustible, personas y miedo.
Ante esto, la respuesta no puede limitarse a la épica de “ganaremos la batalla” ni a la comodidad de presentar el problema como controlado. La realidad es más tozuda: si hay más de 600 “go-fast” identificadas y una capacidad ofensiva creciente, es porque el adversario dispone de recursos, información y margen de maniobra. Y si dispone de ese margen, es porque el Estado no ha sido capaz —todavía— de imponer un coste operativo que disuada, fracture y desmantele de forma sostenida.
Lo que se exige a un Gobierno no es retórica: es dirección, prioridad presupuestaria, protección efectiva a las fuerzas de seguridad y rendición de cuentas. Y, sobre todo, coherencia: no se puede admitir en un informe oficial que la amenaza crece y, al mismo tiempo, actuar como si bastara con ajustes parciales o titulares. La seguridad nacional no tolera la lógica del parche. La impunidad se alimenta de las medias tintas.
Porque esto va de algo más que de droga. Va de la idea misma de Estado. Cada embestida, cada persecución temeraria, cada salto en la violencia es una prueba: ¿manda la ley o manda la intimidación? Y si la respuesta pública se queda corta —si llega tarde, si se fragmenta, si se banaliza— el mensaje que se envía no es solo al narco; es al conjunto de la sociedad: que hay territorios donde la autoridad es negociable.
No lo es. Y no debería parecerlo.
España necesita una estrategia sostenida y verificable, no gestos. Una estrategia que combine vigilancia marítima, investigación financiera, persecución de redes logísticas y cooperación internacional efectiva; y que deje claro que atacar a un agente o desafiar a un patrullero tiene consecuencias inmediatas y graves.
El narco ya ha entendido el terreno. La pregunta es si el Gobierno entiende —de una vez— que el problema no se administra: se combate con constancia. Y, si no lo hace, que no se sorprenda cuando la ciudadanía concluya lo obvio: que la dejadez, en seguridad, no es un error; es una forma de rendición o el pago de una deuda o soborno.
