La directora de Energía del regulador, Prieto, ha explicado que la investigación se amplió progresivamente en el tiempo para detectar incumplimientos en el control de tensión o en la disponibilidad de las centrales. Según indicó, durante periodos prolongados —hasta dos años— habría plantas que no cumplían estas obligaciones, lo que podría haber contribuido al apagón. No obstante, matizó que la apertura de expedientes no implica responsabilidad directa.
La CNMC dispone de hasta 18 meses para resolver los casos, la mayoría dirigidos a grandes eléctricas como Iberdrola, Endesa y Naturgy, aunque solo tres se consideran muy graves, entre ellos el de Red Eléctrica. El regulador insiste en que no todos los expedientes están vinculados al apagón, lo que ha alimentado críticas políticas, especialmente del PP, que acusa a la CNMC de reaccionar tarde y de intentar compensar ahora su falta de control previo.
El enfrentamiento entre Red Eléctrica y el regulador ha marcado la comisión. La presidenta de REE, Corredor, ha negado cualquier responsabilidad y ha trasladado la culpa a las eléctricas por no cumplir con el control de tensión exigido. También ha cargado contra la CNMC por retrasar durante años la normativa que permitiría a las renovables contribuir a estabilizar la red.
Prieto ha rechazado este argumento, afirmando que la CNMC nunca recibió avisos de incumplimientos por parte de Red Eléctrica, lo que habría impedido actuar antes. Además, ha cuestionado la versión del operador sobre el retraso regulatorio, señalando que las propuestas de REE no fueron adecuadas hasta fechas recientes.
Por su parte, Corredor ha minimizado el expediente abierto contra la compañía —uno de los más graves— y ha denunciado falta de base técnica en las acusaciones. Ha reiterado que no existe ningún informe que señale incumplimientos por parte de Red Eléctrica y ha defendido que el apagón fue consecuencia exclusiva del fallo de centrales convencionales en el control de tensión.
A pesar de las conclusiones de expertos europeos que apuntan a un origen multifactorial, Corredor mantiene su tesis y descarta dimitir. Al mismo tiempo, ha justificado la “operación reforzada” del sistema, cuyo coste asciende a cientos de millones, como una respuesta a los incumplimientos detectados en el sector.
En conjunto, la investigación refleja un escenario de responsabilidades cruzadas, en el que regulador, operador y eléctricas se señalan mutuamente mientras las causas del apagón siguen sin esclarecerse de forma concluyente.
