El acuerdo concreta las obligaciones de servicio público que asumirá Correos en el marco de la nueva normativa y da forma a una de las principales piezas del plan estratégico impulsado por el presidente de la compañía, Pedro Saura, para revertir más de una década de pérdidas acumuladas superiores a los 1.000 millones de euros. La modificación de la Ley Postal, aprobada en julio de 2025 con el respaldo de PSOE y PP, aseguró a Correos una financiación pública de 400 millones de euros anuales hasta 2030, equivalente a unos 2.000 millones en cinco años, mediante la ampliación de su papel como operador estatal encargado de prestar servicios esenciales en todo el territorio.
El contrato-programa aprobado ahora define las condiciones de prestación de esos servicios, que se estructuran en cuatro grandes bloques: el mantenimiento de la accesibilidad a las comunicaciones postales en zonas rurales, el acceso a servicios financieros básicos como la retirada e ingreso de efectivo en municipios de menos de 500 habitantes, la prestación de servicios administrativos de la Administración General del Estado y el apoyo logístico y material en situaciones de emergencia o seguridad.
Correos ya participa en algunas de estas actividades mediante servicios como Correos Cash, la tramitación de solicitudes administrativas o la gestión de procedimientos extraordinarios relacionados con ayudas públicas y procesos de regularización administrativa. Además, la compañía prevé reforzar su papel como ventanilla única de la Administración incorporando próximamente servicios como la adquisición de deuda pública o la obtención de certificados digitales desde su red de oficinas.
La aprobación del contrato-programa supone un nuevo paso en la estrategia diseñada por Saura para reducir la dependencia del negocio postal tradicional, afectado por la caída continuada del volumen de cartas, y aumentar el peso de la paquetería, los servicios financieros y la colaboración con las administraciones públicas.
