Sin embargo, Sidenor habría enfriado sus expectativas ante la negativa de la SEPI a refinanciar o flexibilizar la deuda derivada del rescate público recibido durante la pandemia.
La compañía arrastra una deuda de 143 millones de euros con el Estado, una carga que dificulta su venta. La juez del concurso ha ampliado hasta el 7 de octubre el plazo para analizar las cuentas y presentar ofertas. También existirían grupos industriales de India y Polonia estudiando la operación.
Fuentes del sector señalan que la SEPI evita tomar decisiones sobre Tubos Reunidos debido al contexto judicial que rodea al rescate de la empresa. Esta situación impide aplicar medidas como una quita o un aplazamiento de la deuda, fórmulas que facilitarían una eventual venta y podrían elevar su valoración.
La postura del organismo contrasta con otros casos recientes, como los de Duro Felguera o Vivanta, donde sí se han concedido modificaciones en las condiciones de devolución de las ayudas públicas. No obstante, una quita supondría reconocer que la empresa no cumple las expectativas de viabilidad exigidas para acceder al fondo de rescate.
La situación financiera de Tubos Reunidos ya generó dudas poco después del rescate, cuando varias entidades financieras vendieron parte de su deuda con fuertes descuentos, ante las dificultades para recuperar la inversión.
En este contexto, Sidenor vuelve a aparecer como posible solución industrial para una empresa considerada estratégica por el Gobierno vasco debido a su impacto en el empleo. No obstante, la compañía presidida por José Antonio Jainaga no parece dispuesta a asumir la operación sin cambios en las condiciones financieras, lo que mantiene incierto el futuro de Tubos Reunidos.
