Se les imputa el presunto amaño de contratos públicos por la influencia del entramado vinculado a las cloacas del PSOE. Los cuatro principales imputados en esta pieza son el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández, el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, su socio Antxon Alonso y la propia Leire Díez, a quienes se imputa el amaño de contratos públicos y el cobro de comisiones ilegales. El juez mantiene esta investigación bajo secreto de sumario, aunque prevé levantarlo en breve.
Según un auto fechado el pasado mes de diciembre, entre el resto de imputados que figuran en la causa secreta se encuentran los ex presidentes de Enusa y Mercasa Berlanga y Sempere. El primero era miembro de la Ejecutiva del PSOE valenciano hasta su implicación en la trama y el segundo fue edil del PSOE en Alicante.
También permanecen investigados el ex secretario general de SEPIDES, Aragón, y la ex directora corporativa de Enusa, Arévalo. Esta última fue consejera de Medio Ambiente por el PSOE en el Gobierno de Castilla-La Mancha. Además, trabajó de la mano del ex generente del PSOE Pavón en la empresa pública del uranio.
El citado auto del juez Pedraz también revela la imputación del abogado afincado en Sevilla Carrillo Donaire, próximo a Vicente Fernández, así como de la ex directora de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales de Mercasa, Castillo Pasalodos. La UCO intervino a estos investigados numerosos dispositivos como teléfonos y ordenadores y el magistrado autorizó su análisis en busca de indicios de los citados amaños.
Según la tesis del juez instructor, la trama ejerció su influencia sobre algunos de estos cargos públicos para amañar procesos de contratación entre los años 2021 y 2023 por los que después cobraban mordidas que canalizaban a través de la sociedad instrumental Mediaciones Martínez.
Hasta el momento, se atribuye a la trama un cobro total de 731.545 euros en mordidas. La operación que les reportó un mayor beneficio fue el rescate de la alavesa Tubos Reunidos por valor de casi 113 millones de euros, de los que unos 114.000 fueron a parar a los bolsillos del entramado.
Otro de los contratos bajo sospecha es la obra de demolición de baterías de coque de Avilés (Asturias), adjudicada por la SEPI a la Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por la constructora Erri Berri y Afesa Medio Ambiente. La investigación indaga en las posibles irregularidades durante la tramitación del expediente, en el que erige la figura de Fernando Albert Aragón, presidente de la Mesa de Contratación en esa licitación.
En el caso concreto de Leire Díez, la investigación le imputa el presunto cobro irregular de 21.500 euros que la trama habría enmascarado a través de la venta opaca de un coche a la sociedad Mediaciones Martínez.
