No obstante, todavía quedan unos 14.000 millones pendientes de solicitar, lo que plantea dudas sobre la capacidad del Gobierno para agilizar los trámites y acceder a esos fondos.
En diciembre, la Comisión Europea aprobó una de las revisiones más relevantes del Plan de Recuperación español. En ella, el Ejecutivo decidió renunciar a cerca del 75% de los préstamos disponibles —unos 61.000 millones de un total de 83.000 millones— al considerar que las condiciones de financiación no resultaban más ventajosas que las obtenidas en los mercados.
El diseño original del plan español contemplaba 163.000 millones de euros, divididos en 80.000 millones en ayudas directas y 83.000 millones en créditos en condiciones favorables. Hasta la fecha, España ha absorbido aproximadamente el 43,5% del total, en su mayoría procedente de los fondos Next Generation, mientras que más de la mitad de los recursos sigue sin ejecutarse. En el caso de los préstamos, solo se han pedido 16.000 millones.
España e Italia son los principales beneficiarios del Plan de Recuperación, aunque han adoptado estrategias distintas. Mientras Italia optó por solicitar tanto subvenciones como créditos desde el inicio para aprovechar el contexto de bajos tipos de interés, España ha retrasado el uso de los préstamos a una fase posterior del programa.
Hasta ahora, España ha recibido cinco desembolsos del plan, aunque no en su totalidad. La Comisión Europea mantiene suspendidos 1.100 millones de euros del último pago debido a incumplimientos en varios hitos, como la reforma de la temporalidad en el sector público, la digitalización de las administraciones regionales y locales, y la fiscalidad del diésel.
Este recorte parcial ya se produjo en julio del año pasado, cuando Bruselas redujo el quinto desembolso por no cumplirse todos los objetivos comprometidos. Aunque existía un margen para corregir estas deficiencias, todo apunta a que finalmente no se alcanzarán los requisitos exigidos, lo que impedirá recibir esa financiación pendiente.
