El Ejecutivo ha adelantado la reunión —habitualmente celebrada los martes— debido a que parte de las actuales medidas anticrisis expiran el 30 de junio. Aunque no se han detallado aún sus contenidos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se tratará de un real decreto ley orientado a proteger tanto al tejido productivo como a los ciudadanos.
El nuevo plan dará continuidad al aprobado en marzo, que incluyó ayudas fiscales para mitigar el impacto del encarecimiento energético derivado del conflicto con Irán. Sin embargo, algunas medidas han decaído este mes tras la moderación de los precios. En las últimas semanas, el Ejecutivo ha mantenido contactos con agentes sociales y sectores afectados para definir las nuevas actuaciones.
El decreto ley será aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE, tras lo cual deberá ser convalidado por el Congreso en un plazo de 30 días. Sánchez ha pedido ya el respaldo de los grupos parlamentarios y ha insistido en que el Gobierno movilizará recursos “todo el tiempo que sea necesario”.
En paralelo, el Ejecutivo sigue adelante con la preparación de los Presupuestos de 2027. El cuadro macroeconómico recogerá el impacto de la incertidumbre geopolítica, especialmente en precios, y se presentará de forma simultánea al nuevo paquete de medidas.
El siguiente paso será la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para fijar los objetivos de estabilidad y el reparto del déficit entre administraciones, antes de aprobar el techo de gasto y remitirlo a las Cortes.
El Gobierno mantiene su previsión de crecimiento del PIB en el 2,2% para 2026, ligeramente por debajo de las estimaciones de organismos como el Banco de España o la AIReF. En materia fiscal, prevé reducir el déficit al 1,6% y situar la deuda pública en el 99,3% del PIB, por debajo del umbral del 100%.
Algunos socios parlamentarios, como el PNV, han instado al Ejecutivo a presentar las cuentas y, en caso de no lograr su aprobación, a convocar elecciones generales.
