Sin embargo, esa circunstancia no apartará por ahora la causa de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción entiende que los hechos investigados deben seguir en la jurisdicción ordinaria, aunque deja abierta la puerta a que el asunto acabe en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo si durante la instrucción afloran delitos del ámbito castrense.
Llamas, que ocupa desde diciembre de 2023 el segundo puesto de mayor responsabilidad dentro del Instituto Armado, deberá declarar como investigado el próximo 16 de julio en el ‘caso Leire’ junto a la directora general de la Guardia Civil, González. El juez Santiago Pedraz acordó este jueves investigar a ambos por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la Justicia, después de que tanto la Fiscalía como las acusaciones pidieran su imputación.
Fuentes jurídicas precisan que una eventual inhibición al Supremo dependerá de si durante la investigación afloran delitos del ámbito castrense. Es decir, delitos que violen las leyes penales militares, ya que los miembros de las Fuerzas Armadas —y, en ciertos supuestos, la Guardia Civil— se rigen por el Código Penal Militar. Se utiliza exclusivamente para juzgar delitos como la traición, sedición, insubordinación o deserción, y es independiente de la jurisdicción ordinaria.
En la práctica, fuentes jurídicas resumen la situación de forma sencilla: la investigación seguirá, por ahora, en la Audiencia Nacional y únicamente si durante la instrucción aparecen hechos susceptibles de ser considerados delitos estrictamente militares correspondería intervenir a la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.
