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  Legal  UCO: el Psoe utilizaba empresas interpuestas
Legal

UCO: el Psoe utilizaba empresas interpuestas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha localizado al menos cinco pagos a Leire Díez en 2024 vinculados a las supuestas "cloacas del PSOE" y cuyo origen sitúa en Ferraz por un importe total de 43.225 euros, para lo que habría utilizado empresas interpuestas.

RedaccionRedaccion—14 de julio de 20260
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Según la UCO estas supuestas nóminas «habrían sido realmente un método» para que Díez «recibiera cantidades con origen en el PSOE». De hecho, los agentes recuerdan que entre la documentación aportada por el PSOE a requerimiento del juez Pedraz, Ferraz aportó cuatro facturas de Zaño entre agosto y noviembre de ese mismo año, de 7.500 euros cada una, por «servicios prestados conforme al contrato» firmado el 1 de julio de 2024.
Para los investigadores llama la atención la «proximidad temporal» entre la facturación de la consultora de Zarrías al PSOE y las nóminas de Leire, así como que el número de pagos sea el mismo.

Y a este respecto incide en que la nómina de Leire Díez con Zaño era de 4.000 euros, el coste para la consultora era de 7.505 euros al mes, un importe que «coincide exactamente con la supuesta cantidad abonada por el partido a la empresa de Zarrías».
Para la UCO, el origen de esos fondos «habría sido el PSOE, siendo su destinatario final Leire». Además, precisa que «no podría afirmarse de forma concluyente» que las transferencias a Zaño se efectuaran desde una cuenta titularidad del PSOE, como mantiene Ferraz,
Asimismo, el informe refiere que Leire Díez percibió de Oliver Gruppe, la empresa del abogado Ismael Oliver (también investigado y citado a declarar el próximo 9 de septiembre), una transferencia de 27.225 euros.
Pero al igual que en el caso de la consultora de Zarrías, subraya la UCO, «se habrían interpuesto dos sociedades para hacer llegar fondos a Leire con origen en el partido». En este caso, otros dos despachos Estudio Jurídico I Oliver&Partners y Oliver Gruppe SL., ambos vinculados a Oliver.

La documentación reclamada al PSOE ha permitido constatar respecto a este último pago la existencia de una factura emitida por Oliver&Partners al PSOE, aunque «este extremo no puede afirmarse con rotundidad» dado que se basa exclusivamente en la información facilitada por Ferraz. El concepto por el que se abonó el 24 de enero de 2024, «estudio de antecedentes y reuniones de trabajo en las que se emiten verbalmente opiniones y conclusiones jurídicas sobre documentos mercantiles y valoración de hechos para eventuales contenciosos a valorar por el cliente».
Al igual que sucede con Oliver, la Guardia Civil señala que Leire Díez habría «promovido», en el seno del PSOE, el pago de honorarios al letrado Teijelo, abogado de Santos Cerdán, a quien define como un «instrumento para canalizar fondos, tanto destinados a sufragar al propio letrado como hacer llegar cantidades a un tercero». Razón por la cual considera que tanto Oliver como Teijelo prestaban «servicios para la presunta organización criminal».

Y recuerda a este respecto que Teijelo emitió tres facturas al PSOE por un importe total de 125.000 euros, que fueron transferidos desde la misma cuenta utilizada por el partido para pagar a Zarrías. Esa misma operativa se repitió a instancias de Díez, añade la UCO, en relación con el medio digital Crónica Libre, respecto al cual habría intentado articular «el abono de cantidades con cargo al partido», en este caso a través de IKI Group Communications.
De hecho, recuerda que la administradora de la empresa aportó al juzgado una factura del 27 de mayo de 2024 por 18.125 euros por «campaña Partido Socialista Obrero Español PSOE Elecciones Europeas 2024».

Pero la Guardia Civil desconoce desde qué cuenta efectuó el PSOE la transferencia a IKI Group. De ahí que proponga al juez reclamar información no solo de las seis cuentas del PSOE identificadas en un principio como «de funcionamiento», pues «no puede descartarse que los importes hubieran sido transferidos entre distintas cuentas titularidad de una misma persona física o jurídica vinculada a este».
Algo que solo puede esclarecerse, recalca la UCO, «mediante el análisis conjunto de la operativa bancaria». De lo contrario, advierte, se corre el riesgo de no precisar «el recorrido de los fondos» o de operaciones «relevantes» para la investigación.

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