Según los fondos acreedores, la factura asciende ya a entre 9.100 y 10.400 millones de euros, una cifra que atribuyen al impago de los laudos arbitrales tras más de una década de litigios.
Una nota técnica actualizada hasta junio de 2026 revisa las estimaciones publicadas en 2024 y calcula que el sobrecoste financiero soportado por el Tesoro desde abril de 2023 se sitúa entre 6.000 y 6.600 millones de euros. De acuerdo con el modelo utilizado, ese encarecimiento de la financiación pública habría provocado una pérdida de actividad económica equivalente a entre 9.100 y 10.400 millones de euros de PIB. El informe precisa que ambas magnitudes no deben sumarse, ya que reflejan el mismo impacto desde perspectivas diferentes.
La metodología empleada parte del aumento atribuido al coste de financiación del Estado y estima posteriormente sus efectos sobre el crecimiento mediante un modelo econométrico que relaciona los tipos de interés con la evolución del PIB.
La actualización coincide con el mantenimiento por parte de España de 28 de los 29 laudos dictados por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) aún sin ejecutar. Según los acreedores, esto sitúa al país entre los Estados con más resoluciones arbitrales pendientes de pago.
La deuda reconocida por estos tribunales alcanza 2.333 millones de euros, a los que se suman unos 550 millones en intereses de demora, costas y otros gastos asociados a la estrategia judicial del Estado.
Los acreedores destacan además que el conflicto ha entrado en una nueva fase. Tras años centrados en identificar activos susceptibles de embargo, ahora han impulsado procedimientos de ejecución en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Singapur, Bélgica y Países Bajos para reclamar el cobro de las indemnizaciones.
Asimismo, advierten del riesgo de un eventual default técnico si el impago de los laudos afecta a otros compromisos de deuda pública. En ese escenario, algunos inversores podrían exigir el reembolso anticipado de bonos o mayores rentabilidades para financiar al Estado, elevando aún más sus costes financieros.
El informe concluye que el principal coste del conflicto ya no radica en las indemnizaciones pendientes, sino en el precio económico de prolongar la disputa. Los 2.333 millones adeudados representan una cuantía limitada en relación con la economía española, mientras que el impacto derivado de retrasar una solución sería ya varias veces superior.
Pese a ello, España mantiene su negativa a abonar las indemnizaciones, salvo el pago realizado en 2025 al fondo estadounidense Blasket Renewables por el caso JGC Holdings. El Gobierno también ha rechazado las distintas propuestas de negociación planteadas por los acreedores, respaldándose en la posición de la Comisión Europea.
Bruselas considera que determinadas indemnizaciones derivadas de arbitrajes intraeuropeos podrían vulnerar la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado. Por ello, esta semana abrió una investigación en profundidad sobre el pago realizado a Blasket Renewables. La Comisión sostiene preliminarmente que tanto el laudo como su ejecución podrían constituir una ayuda de Estado incompatible, al otorgar una ventaja económica vinculada al antiguo régimen de primas de 2007, que nunca fue notificado para su autorización.
Además, Bruselas cuestiona que el tribunal arbitral tuviera competencias para conceder una compensación basada en un régimen de ayudas sujeto a supervisión comunitaria y señala posibles conflictos con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la autonomía del derecho de la UE.
