En Ceuta, esa tentación vuelve a hacerse evidente con las continuas discusiones sobre el número real de menores extranjeros no acompañados presentes en la ciudad. Se cambian criterios, se manejan cifras distintas según el momento y se transmite un mensaje que parece perseguir un único objetivo: rebajar la percepción del problema.
Pero la realidad no entiende de maquillajes estadísticos. Los ciudadanos no viven dentro de los informes oficiales, sino en las calles, los barrios y los espacios públicos donde perciben diariamente las consecuencias de una presión migratoria que hace años superó la capacidad ordinaria de una ciudad de apenas 85.000 habitantes.
Lo preocupante no es solo la posible manipulación de los datos. Lo verdaderamente grave es el intento de presentar como una situación controlada lo que cada vez tiene más rasgos de emergencia estructural. Cuando se minimizan las cifras, también se minimizan los recursos necesarios, las medidas a adoptar y las responsabilidades políticas que deben asumirse.
Resulta difícil sostener el discurso de la normalidad cuando se plantea la supresión de permisos y descansos para policías, guardias civiles o militares destinados en Ceuta. Si la situación es tan estable como se pretende transmitir, ¿por qué resulta necesario recurrir a medidas extraordinarias para mantener la operatividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad? La contradicción es evidente.
La sensación que se transmite es que existe más preocupación por controlar el relato que por afrontar el problema. Mientras tanto, Ceuta continúa soportando una carga desproporcionada que ni corresponde a sus dimensiones ni puede resolverse a base de comunicados optimistas.
La seguridad, la convivencia y la propia credibilidad institucional exigen transparencia. Los ceutíes merecen conocer la realidad sin filtros ni artificios. Porque cuando las administraciones dedican más esfuerzos a rebajar cifras que a solucionar problemas, el riesgo no desaparece: simplemente se oculta hasta que acaba siendo imposible seguir negándolo.
