El Consejo de Ministros ha aprobado la tercera Modificación de Aspectos Puntuales (MAP) del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte 2021-2026, que incluye 51 actuaciones y más de 600 millones de euros destinados al control de tensión del sistema eléctrico.
La decisión llega tras el apagón que afectó a gran parte de la Península y en pleno debate sobre las funciones de REE como operador del sistema. Además, se suma a los 750 millones aprobados anteriormente para compensadores síncronos y reactancias, elevando la inversión total asociada al control de tensión a unos 1.400 millones de euros.
El Ministerio para la Transición Ecológica sostiene que estas actuaciones permitirán mejorar la estabilidad de la red y reducir el uso de ciclos combinados de gas para resolver restricciones técnicas. Sin embargo, una parte relevante del sector cuestiona tanto la solución elegida como el protagonismo otorgado a las inversiones reguladas de REE.
Las asociaciones eléctricas recuerdan que los ciclos combinados y algunas instalaciones renovables ya pueden prestar servicios de control de tensión. A su juicio, el Estado está optando por financiar infraestructuras reguladas en lugar de recurrir a mecanismos de mercado para contratar esos servicios, una orientación que consideran alejada de la evolución de la regulación energética europea hacia mayores niveles de competencia.
Las dudas no proceden únicamente de las empresas. En junio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pidió al operador del sistema un análisis más detallado de las necesidades de control de tensión, incluyendo las zonas afectadas, los problemas detectados, los recursos disponibles y los proyectos en marcha. Pese a ello, el Ejecutivo decidió seguir adelante con las inversiones.
La apuesta por REE no termina ahí. Este verano también se le ha encomendado el desarrollo de la central hidroeléctrica de bombeo de Güímar, en Tenerife, una infraestructura valorada en más de 1.000 millones de euros y prevista para mediados de la próxima década.
La magnitud de estas cifras reabre otro debate habitual en las grandes infraestructuras eléctricas: el riesgo de sobrecostes. Algunos proyectos de REE han experimentado importantes revisiones presupuestarias. La interconexión del Golfo de Bizkaia pasó de una estimación de 1.750 millones en 2020 a 3.100 millones en 2025. El bombeo de Chira-Soria también elevó su presupuesto desde 313,7 millones hasta cerca de 589 millones de euros.
El debate ya no se centra solo en cuánto invertir para reforzar el sistema eléctrico, sino en cómo se seleccionan las inversiones, quién las ejecuta y si representan la alternativa más eficiente. Con el avance de las renovables y la necesidad de garantizar la estabilidad de la red, seguirá creciendo la inversión. La cuestión es si esta debe canalizarse principalmente a través de nuevas infraestructuras reguladas de REE o mediante servicios contratados en competencia. Precisamente ahí se sitúa el principal punto de fricción entre el Gobierno, el regulador y parte del sector energético.
