La medida, aprobada este martes por el Consejo de Ministros en su primera reunión tras el verano, busca reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la Administración. Al tratarse de un decreto-ley, entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque deberá ser convalidado por el Congreso en un plazo máximo de 30 días.
La norma crea un registro estatal de grupos de interés, cuya gestión y supervisión corresponderá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, según explicó la ministra portavoz, Elma Saiz.
Impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública, el decreto regula las relaciones entre los grupos de interés y los cargos públicos susceptibles de recibir influencia. Además, define qué entidades tienen la consideración de lobbies, qué se entiende por actividad de influencia y quiénes quedan sujetos a esta regulación.
