El documento recuerda que el Tribunal Supremo le impuso una multa de 12 meses e inhabilitación para el cargo durante dos años por la difusión de información relacionada con un correo del abogado de la pareja de la presidenta madrileña.
La institución señala que durante el proceso defendió que los hechos no constituían delito y solicitó la absolución. Tras la sentencia, promovió un incidente de nulidad y posteriormente presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Asimismo, sostiene que la condena no implica la pérdida de la condición de fiscal de carrera al no haberse impuesto una pena de prisión superior a seis meses.
La Memoria también advierte de las dificultades para ejecutar expulsiones de extranjeros inmersos en procedimientos penales. Según la Fiscalía, la escasa colaboración consular y los problemas de documentación siguen siendo el principal obstáculo. En este sentido, destaca la actitud “extremadamente restrictiva” de Marruecos y Argelia, países que limitan la aceptación de repatriaciones o la expedición de documentación necesaria.
Además de las trabas consulares, el informe señala otros factores que reducen la eficacia de las expulsiones, como la sobrecarga de los juzgados, la imposibilidad de localizar a los afectados, retrasos judiciales o problemas de coordinación entre las autoridades competentes.
Pese a ello, la Fiscalía cita el caso de Segovia como ejemplo de eficacia, donde la mayoría de las solicitudes de expulsión autorizadas llegaron a ejecutarse con éxito gracias a una adecuada coordinación administrativa y documental.
