La Sala de lo Contencioso-Administrativo estima así la medida cautelar solicitada por Vox e Iustitia Europa al considerar que el notable aumento de inscritos en el censo exterior podría generar incertidumbre sobre los resultados electorales y causar un «daño irreversible» a la corrección del proceso democrático.
Según los datos recogidos en la resolución, el CERA ha pasado de 2,33 millones de electores en las elecciones generales de 2023 a 2,74 millones en julio de 2026, lo que supone más de 408.000 nuevos inscritos. El tribunal destaca especialmente el incremento registrado en circunscripciones como Madrid y Barcelona.
La suspensión afecta tanto a las nuevas inscripciones pendientes como a los efectos electorales de quienes ya figuran en el censo de residentes ausentes, aunque seguirá tramitándose la obtención de la nacionalidad española hasta que se resuelva el fondo del procedimiento.
No obstante, el Supremo establece una excepción para los descendientes de españoles exiliados por motivos políticos, ideológicos, religiosos o relacionados con su orientación o identidad sexual, siempre que acrediten dichas circunstancias mediante los registros consulares correspondientes.
Para el alto tribunal, el debate supera el ámbito de los derechos individuales de acceso a la nacionalidad y afecta a cuestiones esenciales para el Estado de Derecho, como la garantía de que la voluntad popular se exprese en las urnas con plenas condiciones de transparencia y seguridad jurídica.
