La asociación sostiene que ambos casos tienen un objeto distinto: mientras el Supremo analiza, por ahora, posibles efectos electorales, la Audiencia Nacional estudia la legalidad de los criterios administrativos utilizados para interpretar y aplicar la ley.
El litigio aborda cuestiones como los límites de las instrucciones administrativas, la jerarquía normativa, la reserva de ley en materia de nacionalidad y la seguridad jurídica. La entidad recurrió el silencio del Ministerio de Justicia ante su solicitud de revisión de la instrucción de 2022 y pidió además medidas cautelares.
La ofensiva jurídica se amplió en julio de 2026 con una petición para anular la instrucción de 2024 que permitió seguir tramitando solicitudes de nacionalidad a quienes habían pedido cita antes de expirar el plazo legal. El debate se centra en si solicitar una cita puede equipararse a formalizar el trámite dentro del plazo fijado por la ley.
La asociación subraya que más de 1,2 millones de solicitudes habían llegado a las oficinas consulares hasta mayo de 2026, lo que otorga especial relevancia a la seguridad jurídica del procedimiento.
A la espera de conocer el contenido íntegro de los autos del Supremo, sus servicios jurídicos estudiarán si pueden incorporarse sus criterios al proceso pendiente en la Audiencia Nacional. Según la entidad, la cuestión de fondo es determinar si la Administración puede modificar o ampliar mediante instrucciones lo que establece una ley, una cuestión que considera clave para garantizar la legalidad y el respeto a la jerarquía normativa.
