Con cerca de 180.000 millones de euros bajo gestión, junto al asesoramiento concentra ya tres de cada cuatro euros comercializados en fondos de inversión, un mercado que supera los 482.000 millones. Este modelo permite a los clientes delegar las decisiones de inversión en las entidades financieras a cambio de una comisión de gestión. Para la banca supone una fuente de ingresos más estable y recurrente, especialmente porque las carteras suelen construirse con fondos de la propia entidad, aunque a través de clases más eficientes en costes.
Pese a su expansión, el negocio sigue dominado por los grandes bancos. CaixaBank, Santander y BBVA concentran cerca del 70% del patrimonio gestionado mediante carteras discrecionales, una cuota superior a la que mantienen en fondos de inversión. En CaixaBank, este servicio representa el 57% de su volumen en fondos, mientras que en Santander y BBVA ronda la mitad.
Las entidades medianas también han reforzado su apuesta por este negocio. En Kutxabank supone alrededor del 50% de su patrimonio en fondos; en Sabadell y Abanca supera el 40%, mientras que en Andbank alcanza el 80%.
El crecimiento de la gestión discrecional se aceleró tras el endurecimiento de la normativa de las sicav hace cinco años, lo que impulsó el traslado de muchos grandes patrimonios hacia estas soluciones. Como resultado, la gestión de carteras y el asesoramiento han pasado de representar el 56% del negocio en 2020 al 73% actual, según Inverco.
Además, las entidades han fomentado el paso de los inversores tradicionales en fondos hacia las carteras gestionadas, especialmente entre los perfiles conservadores. Este modelo facilita la gestión profesional de las inversiones y permite adaptar la asignación de activos a la evolución de los mercados sin que el cliente tenga que tomar decisiones continuas.
Los perfiles conservadores y moderados siguen siendo mayoritarios, con una elevada presencia de renta fija en las estrategias más defensivas. Paralelamente, el sector impulsa el asesoramiento con pago explícito ante las nuevas exigencias regulatorias europeas, centradas en demostrar que los productos recomendados ofrecen una adecuada relación entre coste y rentabilidad. En este contexto, la presión regulatoria y el auge de los ETF están obligando a la industria a justificar cada vez más el valor añadido de los fondos de gestión activa frente a alternativas más baratas y transparentes.
