La decisión permitirá fijar jurisprudencia sobre el nivel de transparencia exigible en la elaboración de las nuevas tasas de residuos.
La polémica surge porque durante el trámite de información pública se difundió el informe económico que justificaba la tasa, pero no varios anexos técnicos de un estudio externo utilizados para calcular la generación de residuos y determinar las tarifas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que esa documentación era esencial y declaró nula la ordenanza.
Ahora el Supremo analizará si la información facilitada fue suficiente y qué documentación debe hacerse pública en este tipo de procedimientos. Dada la relevancia del asunto, ha acordado una tramitación preferente del recurso.
El Ayuntamiento sostiene que la tramitación fue correcta y defiende el trabajo realizado por los servicios municipales. Además, recuerda que, incluso si la anulación se confirma, la devolución de los importes cobrados estaría limitada por la legislación y la jurisprudencia, por lo que solo podrían reclamar quienes impugnaron la tasa en plazo.
Desde el equipo de Martínez-Almeida insisten en que la solución definitiva pasa por la eliminación de esta tasa, una medida que, aseguran, no cuenta con el apoyo de los grupos de izquierdas del Consistorio.
