Entre los documentos reclamados figuran el expediente de la consulta pública realizada sobre la operación y los informes vinculados a la intervención del Consejo de Ministros, que autorizó la concentración con condiciones como el aplazamiento de la fusión y la limitación de despidos.
La resolución responde a la reclamación de un ciudadano después de que Economía rechazara facilitar esta información al considerar que parte de ella tenía carácter auxiliar o estaba protegida por la normativa de competencia. También Banco Sabadell se opuso a la publicación de los documentos alegando su carácter confidencial, mientras que BBVA no presentó objeciones.
Transparencia considera que las aportaciones de la consulta pública fueron relevantes para la toma de decisiones y, por tanto, deben ser accesibles, respetando la protección de datos personales. Asimismo, entiende que el Ministerio aplicó la confidencialidad de forma demasiado amplia en la documentación relacionada con la actuación del Consejo de Ministros y reclama una justificación individualizada para cada documento cuya divulgación se pretenda limitar.
La resolución se suma a otras decisiones recientes del CTBG que han aumentado la presión sobre Economía para aclarar los argumentos y procedimientos utilizados durante el análisis de la operación. No obstante, el ministerio aún puede recurrir estas resoluciones ante la Audiencia Nacional.
