Esta semana presentará ante Bruselas la séptima y última solicitud de fondos Next Generation, vinculada a cerca de 26.000 millones de euros y al cumplimiento de 148 hitos y objetivos.
Con ello, la Unión Europea inicia la fase de cierre de un programa extraordinario diseñado para impulsar la recuperación económica tras la pandemia y que concluirá definitivamente a finales de 2026.
Mientras tanto, el Ejecutivo avanza en el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, que incorpora la normativa europea de protección al consumidor y refuerza las herramientas para actuar en situaciones de emergencia. Entre las medidas previstas figura la limitación de subidas de precios en bienes y servicios esenciales cuando se produzcan circunstancias excepcionales que alteren el mercado, evitando incrementos considerados desproporcionados.
La norma también obligará a las empresas que utilicen sistemas de precios dinámicos a informar de sus límites máximos y mínimos, con el objetivo de aumentar la transparencia.
Otro de los puntos destacados es la regulación de la llamada reduflación, práctica consistente en reducir la cantidad de producto manteniendo el mismo precio. El proyecto exigirá informar claramente de estos cambios para garantizar que los consumidores puedan comparar y decidir con mayor conocimiento.
Además, la reforma endurece el régimen sancionador, vinculando las multas al volumen de negocio de las empresas y ampliando determinados plazos de tramitación administrativa.
Con esta iniciativa, España busca adaptar su legislación a la directiva europea destinada a combatir prácticas comerciales engañosas, mejorar la información al consumidor y reforzar la protección frente al denominado greenwashing.
Antes de su aprobación definitiva, el texto deberá ser examinado por la Comisión Europea a través del sistema de control regulatorio TRIS.
