El partido considera insuficientes los cambios introducidos por el Ejecutivo y da por rota la negociación al no haberse incorporado la mayor parte de sus propuestas.
La crítica principal se centra en que las medidas favorecen a los inquilinos y dejan desprotegidos a los propietarios. «Les enviamos un borrador y solo han incluido algunas pinceladas», señalan desde Junts, que reclama incentivos y garantías adicionales para los pequeños arrendadores.
La portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras, ya había mostrado públicamente su decepción con el contenido de los decretos, cuestionando que las nuevas normas sirvan realmente para proteger a las familias o frenar la actividad de los llamados fondos buitre.
El rechazo de Junts es especialmente contundente hacia el decreto que establece la prórroga automática de los contratos de alquiler y nuevas obligaciones para los propietarios. La formación considera que esta medida desincentivará la oferta de vivienda y perjudicará al pequeño casero.
Además, los independentistas reprochan al Gobierno falta de rigor en la negociación y sostienen que las iniciativas no abordan el problema de fondo: el incremento de la oferta de vivienda.
Con siete diputados decisivos, Junts vuelve a situarse en el centro de la aritmética parlamentaria. Su voto en contra complica seriamente la convalidación de los decretos y acerca al Gobierno a una nueva derrota en una de las iniciativas más relevantes de la legislatura.
