Las organizaciones empresariales sostienen que es «inadmisible» que las empresas y la actividad económica asuman el coste de una protesta dirigida principalmente contra la gestión del Gobierno.
Los sindicatos justifican la convocatoria bajo el lema del derecho a la vivienda y unos salarios suficientes para afrontarla, vinculando así la protesta a una reivindicación laboral. No obstante, la patronal mantiene dudas sobre su encaje jurídico y analizará el cumplimiento de los requisitos legales de la convocatoria.
CEOE y Cepyme también rechazan que, en plena convocatoria electoral, se traslade la presión política al ámbito empresarial. Por su parte, CCOO y UGT acusan a las organizaciones empresariales de bloquear avances en la negociación colectiva y de frenar mejoras salariales que podrían aliviar el impacto del encarecimiento de la vivienda.
Aunque todavía no se ha fijado una fecha, los sindicatos apuntan a noviembre para celebrar la primera huelga general que convocan en los últimos quince años. Además, han propuesto a la patronal un nuevo acuerdo de negociación colectiva con subidas salariales de entre el 4% y el 7% y la creación de complementos específicos vinculados al coste de la vivienda.
