La mayor parte de las ausencias estuvo vinculada a bajas por incapacidad temporal, que afectaron a 1,27 millones de personas y representaron el 5,6% de las horas de trabajo previstas. La industria figura entre los sectores más afectados, con tasas superiores a la media nacional.
El fenómeno también tiene un elevado coste económico. Un informe de Adecco Group Institute estima que las empresas de la gran distribución soportan un sobrecoste de 240 millones de euros por el absentismo, equivalente a 12,6 millones de horas de trabajo perdidas y más de 7.000 empleos a tiempo completo.
Ante esta situación, cada vez más compañías recurren a investigaciones para comprobar que las actividades realizadas durante una baja son compatibles con la recuperación médica. Estas actuaciones pueden centrarse en casos como el desempeño de otro trabajo o la realización de actividades aparentemente incompatibles con las limitaciones alegadas.
No obstante, la legislación impone límites estrictos. Las investigaciones deben responder a un interés legítimo y respetar los principios de proporcionalidad, necesidad y respeto a la intimidad. El Tribunal Supremo recordó en 2023 que las pruebas obtenidas vulnerando la privacidad del trabajador pueden ser declaradas nulas.
Si la investigación acredita un incumplimiento grave, la empresa puede adoptar medidas disciplinarias, incluido el despido. Sin embargo, los expertos recuerdan que una actividad realizada durante una baja no constituye, por sí sola, una infracción y debe analizarse en función de cada caso concreto.
