El IEE considera que el régimen fiscal español es especialmente exigente en comparación con otras economías desarrolladas y advierte de que esta presión puede desincentivar la oferta de viviendas en arrendamiento. Además, las cifras corresponden a 2022 y su impacto se habría intensificado posteriormente por la inflación y la falta de actualización del IRPF.
En España, los ingresos obtenidos por alquilar una vivienda tributan a través del IRPF. Los propietarios pueden deducirse determinados gastos y aplicar reducciones, que desde 2024 varían según factores como la ubicación del inmueble o el perfil del inquilino. En determinadas zonas tensionadas, la reducción puede alcanzar el 90%, mientras que los alquileres turísticos quedan excluidos de estos beneficios fiscales.
El informe identifica otro problema: la limitada capacidad de reinversión de las Socimi. Estas sociedades están obligadas a distribuir la mayor parte de sus beneficios, una exigencia más estricta que la existente en otros países europeos, donde se permite retener una mayor proporción de recursos para crecer e invertir.
Asimismo, la exención del IVA en el alquiler residencial tiene un efecto indirecto sobre la inversión, ya que quienes adquieren una vivienda nueva para destinarla al alquiler no pueden recuperar el IVA soportado en la compra, lo que encarece el coste de la operación.
Para impulsar la oferta, el IEE propone reducir la carga fiscal sobre los arrendadores e introducir incentivos a la inversión en vivienda en alquiler. También plantea equiparar su tratamiento tributario al de otros instrumentos de ahorro, integrando estas rentas en la base del ahorro del IRPF en lugar de la base general, como ocurre actualmente.
Los expertos coinciden en que una menor presión fiscal contribuiría a dinamizar el mercado, aumentar la oferta disponible y facilitar el acceso a la vivienda en un momento de fuerte tensión para arrendadores e inquilinos.
