Según las informaciones publicadas, el texto también incluiría la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, la subida del IVA de los pisos turísticos al 21% y medidas todavía en negociación para proteger a familias vulnerables frente a desahucios.
Ante este nuevo escenario, los exertos de sector entienden que la medida puede tener una utilidad social en determinados casos, pero alerta de que el debate vuelve a centrarse casi exclusivamente en una de las partes del contrato. Evidentemente hay inquilinos que necesitan ayuda y para quienes alargar el contrato puede ser de gran utilidad. No todo el mundo tiene capacidad para pagar más alquiler o para cambiar de vivienda. Pero no podemos vivir eternamente tomando decisiones en las que solo se miran los derechos de una parte y se olvidan los de la otra.
El borrador del decreto llega después de que una iniciativa anterior del Gobierno, que ya contemplaba una prórroga de dos años para contratos que vencieran en 2026 y 2027, fuera rechazada en el Congreso en abril con los votos en contra de PP, Vox y Junts. La convalidación del nuevo texto está prevista previsiblemente para septiembre, por lo que el apoyo de Junts volverá a ser determinante para que la norma salga adelante.
Sin embargo, el contexto parlamentario hace que la aprobación sea cada vez más incierta.
Además, no resuelve los problemas el problema. Este no se centra en proteger al inquilino vulnerable, sino en aplicar soluciones homogéneas a realidades diversas. Hay propietarios a los que esta prórroga quizás no les afecte demasiado, pero hay otros que pueden necesitar esa vivienda para sus hijos, que quieren vender porque están jubilados, que necesitan liquidez o que tienen que ayudar a alguien de su familia.
Y es que una misma medida puede ayudar a una familia en dificultades, pero también perjudicar a propietarios que necesitan recuperar su vivienda por razones personales, familiares o económicas.
Según las estimaciones trasladadas por Sumar, la extensión de la prórroga permitiría que hasta 1,5 millones de hogares cuyos contratos vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 30 de junio de 2028 pudieran solicitar la ampliación, con un impacto potencial sobre casi cuatro millones de personas.
El decreto también incorporaría medidas contra el uso fraudulento del alquiler de temporada y por habitaciones, una práctica que el Ejecutivo quiere regular para evitar que se utilice como vía para esquivar los límites de precios en zonas tensionadas. Además, el paquete prevé elevar al 21% el IVA de los pisos turísticos y endurecer el régimen sancionador sobre su publicidad en plataformas digitales. Todas esas medidas pueden tener sentido si se dirigen a corregir abusos concretos, pero si el enfoque es siempre el mismo, acabamos trasladando todo el peso a una parte del mercado.
El objetivo debiera ser una política de vivienda que combine protección social, seguridad jurídica e incentivos reales para aumentar la oferta disponible.
