La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Pedraz que cite como investigada a Leticia de la Hoz, abogada que ha representado a Koldo García, y, entre otros puntos, ha solicitado que se informe sobre las reuniones mantenidas en la sede de la Fiscalía General del Estado entre abril de 2024 y junio de 2025 con varios de los investigados en la causa de las cloacas del PSOE. Así consta en el informe fiscal firmado el 5 de junio de 2026 por las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen, en el marco del caso de las cloacas del PSOE.
Además, un auto dictado ese mismo día por el magistrado Pedraz ha acogido parcialmente las peticiones de la UCO y de la propia Fiscalía, acordando una batería de requerimientos judiciales a empresas, organismos públicos y entidades financieras para recabar documentación relacionada con una presunta organización criminal vinculada al PSOE.
En concreto, la Fiscalía ha solicitado que la Fiscalía General del Estado informe sobre todas las denuncias formuladas por Koldo García o en su representación –Leticia de la Hoz– entre enero y junio de 2025, así como sobre las reuniones mantenidas en esa sede con José García Cabrera, Leire Díez, Jacobo Teijelo, Javier Pérez Dolset e Ismael Oliver. En caso de haberse celebrado tales encuentros, se pide que se aporte el registro de visitas, la fecha y hora y las personas que participaron.
La petición de imputación de De la Hoz llega tras las declaraciones prestadas por Carmen Pano y su chófer Álvaro Gallego, dos de los más de veinte testigos cuya comparecencia también ha solicitado la Fiscalía. Entre ellos figuran tres agentes de la Guardia Civil y el general jefe de Estado Mayor.
El informe fiscal describe una trama presuntamente dirigida por Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE, que habría encargado a Leire Díez en abril de 2024 «la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones, penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial» que pudiera afectar al partido o al Gobierno.
Según el relato indiciario de la Fiscalía, Cerdán habría acordado remunerar a Leire Díez con 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del PSOE. Los primeros pagos habrían llegado a través de Zaño Sociedad Consultora, sociedad vinculada a Gaspar Zarrias. La primera transferencia data del 26 de junio de 2024 y en total se habrían producido cuatro abonos de esa cuantía.
Tras el último pago de Zaño, el 26 de septiembre de 2024, la operativa habría mutado. Según la Fiscalía, el PSOE habría comenzado a canalizar los fondos a través de los letrados investigados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, quienes habrían facturado al partido cantidades que luego harían llegar a Leire Díez.
El 28 de enero de 2025 esta habría recibido 27.225 euros provenientes del despacho Oliver Gruppe SL, «indiciariamente como vía para ocultar el verdadero origen de los fondos, esto es el partido político PSOE».
Teijelo, por su parte, habría emitido hasta tres facturas al PSOE entre enero y junio de 2025 «a instancias de Leire», por un importe conjunto de 125.000 euros sin IVA. La gerente federal del PSOE, Ana Fuentes –ahora imputada en el caso–, habría firmado las correspondientes notas de encargo falseadas.
La Fiscalía también ha pedido al juez que recabe información sobre el expediente de naturalización española de Nervis Villalobos Cárdenas, ex viceministro venezolano investigado en varias causas, y sobre la contratación por Residuos Urbanos de Jaén SA de la joven denunciante por delito sexual no acreditado atribuido al fiscal José Grinda. Podríamos estar ante otro enchufe sin trabajar con los de Jésica Rodríguez –la ex amante de José Luis Ábalos– o de Claudia Montes, ex miss Asturias + 30 años.
El auto del juez Pedraz también ha ordenado que las entidades del Grupo IKI aporten toda la documentación sobre sus relaciones comerciales con el PSOE, el PSC y Crónica Libre entre 2024 y 2025. La AEAT deberá proporcionar información fiscal y bancaria de trece personas físicas y jurídicas para ese mismo periodo.
La causa permanece parcialmente bajo secreto de sumario, lo que ha impedido hasta ahora que los investigados conozcan en su integridad las actuaciones. En una investigación construida laboriosamente, pieza a pieza, el expediente de nacionalidad de un exfuncionario venezolano, los mensajes cifrados de un grupo llamado «Hirurok» y las facturas de abogados podrían acabar siendo las piezas que completen el puzzle más explosivo de la legislatura.
