El departamento, dependiente del Gabinete de la Presidencia, indica que la disponibilidad de materias primas, las nuevas tecnologías de almacenamiento o la generación distribuida basada en energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia son todos elementos a tener en cuenta en la ecuación energética actual.
Seguridad Nacional indica que hay que tener en cuenta las implicaciones que la diversificación del suministro energético tiene desde el punto de vista de la seguridad económica, de forma que es preciso configurar cadenas de valor energéticas no solo diversificadas, sino resilientes y fiables, debido a la dinámica geopolítica global. Desde esta perspectiva, aseguran, resulta igualmente importante la cooperación energética con países amigos, socios y aliados a través de un marco favorable y estable.
El Informe Anual detalla un refuerzo sustancial de los Planes de Protección Específicos, con el objetivo de mitigar su elevada exposición a amenazas híbridas y ciberataques. Este refuerzo -llevado a cabo el año pasado- se enmarca en una política de Estado que otorga carácter prioritario a la protección de infraestructuras críticas energéticas -como redes de transporte de electricidad, subestaciones, centrales de generación y sistemas SCADA- dado su papel esencial en la estabilidad nacional, como se pudo comprobar el pasado 28 de abril.
El Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC) ha intensificado su labor coordinadora y operativa, supervisando la actualización de los planes de seguridad de los operadores críticos y esenciales del sector energético. Esta labor incluye tanto ejercicios de simulación de incidentes como evaluaciones de riesgo adaptadas al contexto actual, caracterizado por una amenaza creciente de actores estatales y no estatales que emplean tácticas híbridas.
Además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, han intensificado su colaboración con las energéticas mediante protocolos de vigilancia física, patrullajes preventivos y cooperación en la respuesta ante incidentes, especialmente aquellos que combinan sabotajes físicos con intrusiones digitales o campañas de desinformación.
El informe también destaca la importancia de la coordinación con el Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio del Interior, así como con el Centro Criptológico Nacional (CCN), para fortalecer la ciberresiliencia de los sistemas de control y supervisión del suministro eléctrico. Esta cooperación se articula a través del Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas (SPCI), cuyo marco normativo se adapta progresivamente a los estándares de la Directiva CER y al nuevo entorno de amenazas.
