«Mi conclusión principal es que el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales carece de competencia para conocer de esta reclamación. Esto se debe a que no se ha interpuesto contra el demandado en su país de domicilio, como es su derecho por defecto; y la demandante no me ha convencido de que tenga argumentos sólidos y defendibles de que su reclamo cae dentro de una excepción a esa regla predeterminada», ha señalado la juez Collins Rice.
De esta manera, Rice sostiene que la demanda se tendría que haber planteado en el país en l que tiene domicilio el rey emérito, dando la razón a Juan Carlos I, que había solicitado que se destimara alegando que los tribunales británicos no eran competentes para fallar sobre este caso.
Corinna Larsen pedía una reclamación por daños de 126 millones de libras (unos 146 millones de euros) por los costes de su tratamiento médico de salud mental y por la «instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección» para «poner fin al acoso» que presuntamente habría recibido.
Asimismo, en la demanda, Larsen incluyó varios episodios que ella definió de acoso, y que habrían tenido lugar en diferentes países entre 2012 y 2020, si bien solo podrían seguir su curso ante los tribunales británicos los presuntos hechos ocurridos antes del 18 de junio de 2014 (fecha de la abdicación de Juan Carlos I) porque el Tribunal de Apelaciones reconoció su inmunidad.
