Uno de los puntos más controvertidos es la ampliación hasta 2030 de las limitaciones que afectan a los grandes tenedores. La norma considera como tales a quienes poseen más de diez viviendas, umbral que puede rebajarse a cinco en zonas tensionadas. ASVAL rechaza que el número de inmuebles sea el único criterio para imponer restricciones y advierte de que la medida puede afectar también a pequeñas empresas y sociedades familiares dedicadas al alquiler.
La asociación también cuestiona el refuerzo del derecho de adquisición preferente del inquilino. Según denuncia, un propietario que quiera vender una vivienda alquilada a un familiar podría verse obligado a ofrecérsela primero al arrendatario en las mismas condiciones, lo que considera una injerencia en el derecho de propiedad.
Otro de los focos de crítica son los desahucios de inquilinos vulnerables. El nuevo sistema obliga a la Administración a ofrecer una alternativa habitacional o asumir la deuda en un plazo de dos meses. Sin embargo, si incumple ese compromiso, el propietario no recuperará automáticamente el inmueble. Para ASVAL, esto traslada a los arrendadores una responsabilidad que debería asumir el sector público.
La organización también rechaza los cambios fiscales aplicados al alquiler. El nuevo esquema reduce las bonificaciones en el IRPF a medida que aumenta la renta respecto al contrato anterior, una medida que, a su juicio, penaliza a quienes ajustan los precios al mercado. A ello se suman los recargos en el IBI para viviendas vacías.
Frente a estas medidas, ASVAL reclama una estrategia centrada en aumentar la oferta mediante más construcción, movilización de suelo y colaboración público-privada. La asociación advierte de que seguir endureciendo la regulación puede provocar el efecto contrario al buscado y agravar la escasez de vivienda en alquiler.
