Las aperturas rondan las 25.000 al año, muy por debajo del número de inmigrantes en situación irregular, por lo que este instrumento solo alcanza, en el mejor de los casos, a uno de cada ocho.
Ante ello, el organismo considera necesario facilitar el acceso a estas cuentas o diseñar productos específicos para la población extranjera sin regularizar, uno de los colectivos con mayores dificultades de bancarización. La subgobernadora, Soledad Núñez, señala que el fuerte aumento de la inmigración irregular ha agravado el problema.
El informe destaca la escasa predisposición de la banca a abrir CPB y la aplicación restrictiva de sus condiciones, en gran parte por la normativa antiblanqueo, que eleva los riesgos legales y reputacionales. A esto se suman el desconocimiento del producto, tanto por clientes como por algunos empleados, y la dificultad de justificar el origen de los fondos, especialmente en el caso de personas sin ingresos formales.
Aunque el acceso presencial a servicios bancarios ha mejorado, persisten barreras para colectivos como los recién llegados. El Banco de España cree que aún hay margen para medidas que reduzcan la exclusión financiera.
Las CPB, reguladas por normativa europea, permiten operaciones básicas con un coste máximo de tres euros al mes —gratuitas para colectivos vulnerables—. Sin embargo, su peso es limitado dentro del conjunto de cuentas, por lo que su contribución a la inclusión sigue siendo reducida.
El informe también apunta que, pese al cierre de oficinas, el acceso general a servicios bancarios ha mejorado gracias a soluciones como las oficinas móviles, que han ampliado la cobertura en zonas rurales.
