Este primer tramo, de 3.600 millones de euros, representa el 18% de la dotación total del instrumento, que asciende a 20.000 millones, y está llamado a ser una pieza clave en la financiación de las autonomías, al poner a su disposición créditos en condiciones preferentes para trasladarla al sector privado y para sufragar inversiones públicas de carácter sostenible.
Durante la presentación de los resultados del grupo BEI en España, su presidenta, Calviño, ha dejado claro que el objetivo es empezar a desplegarlo a lo largo de este mismo año. En este sentido, y a preguntas de la prensa, Calviño ha explicado que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en España «es importante» en la medida en que son «el instrumento para canalizar» los fondos europeos NGEU. De hecho, el proyecto de cuentas públicas determina el marco para poder desplegar esos préstamos. Estamos trabajando intensamente con la Comisión y el Gobierno de España para que no haya retraso en el despliegue», ha insistido la que fuera vicepresidenta primera y ministra de Economía hasta este año. «Desde la perspectiva del BEI hemos tomado las medidas adecuadas para que se pueda poner en marcha cuanto antes», ha reiterado Calviño, quien ha dejado claro que será el Ejecutivo de Sánchez el que tenga que determinar ahora los aspectos relacionados con la gobernanza de este nuevo mecanismo.
