Los tres miembros disidentes defendieron una subida de tipos hasta el 1% al considerar que los riesgos para la inflación están sesgados al alza, especialmente en un contexto de tensiones en Oriente Medio y encarecimiento de las materias primas. La decisión llega acompañada de una revisión relevante del cuadro macroeconómico. El banco central nipón ha recortado su previsión de crecimiento para el ejercicio fiscal 2026 hasta una horquilla del 0,4%-0,7% (en torno al 0,5%), frente al 0,8%-1,0% (cerca del 1%) que estimaba en enero, en un contexto marcado por el encarecimiento del crudo y su impacto sobre los beneficios empresariales y la renta real de los hogares.
En paralelo, la entidad ha elevado de forma significativa sus previsiones de inflación. Ahora espera que el IPC subyacente (sin alimentos frescos) se sitúe en una horquilla del 2,8%-3,0% en 2026, frente al 1,9%-2,0% que estimaba en enero, impulsado por el alza de la energía y el traslado de mayores costes a los precios finales.
El Banco de Japón señala directamente al encarecimiento del petróleo, ligado a la situación en Oriente Medio, como el principal factor detrás de este cambio de escenario. Según explica, el aumento de los precios energéticos deteriora los términos de intercambio del país —altamente dependiente de las importaciones— y presiona tanto a empresas como a consumidores.
En este contexto, advierte de que los riesgos para la inflación están claramente inclinados al alza, mientras que los de crecimiento apuntan a la baja, al menos en el corto plazo. La institución subraya además que el encarecimiento del crudo podría trasladarse no solo a la energía, sino a un amplio conjunto de bienes, en un entorno en el que las empresas están mostrando una mayor disposición a repercutir los aumentos de costes a los precios finales.
Pese a este escenario, el banco central mantiene por ahora una postura prudente. Considera que, aunque la inflación subyacente se acerca al objetivo del 2%, es necesario calibrar cuidadosamente el ritmo de futuras subidas de tipos.
Eso sí, deja la puerta abierta a seguir retirando estímulos. El organismo indica que continuará ajustando el grado de acomodación monetaria en función de la evolución de la economía, los precios y los mercados financieros, vigilando especialmente el impacto de la crisis geopolítica. Además, pone el foco en la inflación subyacente «real», que analiza mediante indicadores que eliminan factores transitorios o institucionales —como cambios fiscales o subsidios energéticos— y que permiten medir mejor la tendencia de fondo de los precios.
