El objetivo es aliviar la creciente presión que el sistema de pensiones ejerce sobre las cuentas públicas. En 2025, el gasto en pensiones alcanzó los 189.598 millones de euros, un 6,2% más que el año anterior, y todo apunta a que este año superará los 200.000 millones.
El envejecimiento de la población explica gran parte de esta tendencia. Cada año se jubilan unas 375.000 personas, frente a las menos de 310.000 registradas en 2017. Según el INE, el índice de envejecimiento ha pasado del 118% al 148% en apenas ocho años, lo que significa que actualmente hay 148 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16.
Ante este escenario, las administraciones han endurecido las condiciones de acceso a la jubilación anticipada e incentivado el retraso voluntario del retiro. Como resultado, el peso de las jubilaciones anticipadas ha caído del 43,4% en 2017 al 32,6% en 2026, mientras que las realizadas a la edad ordinaria han aumentado del 56,4% al 67,4%.
También crece el número de personas que deciden seguir trabajando más allá de la edad legal. Si en 2017 apenas 13.200 trabajadores retrasaron su jubilación, actualmente lo hacen más de 40.900, más del triple. La reforma aprobada en 2024 reforzó esta tendencia al mejorar los incentivos económicos para quienes demoran su retiro y permitir compatibilizar determinadas bonificaciones con la jubilación activa.
La mayoría de quienes aplazan la jubilación son hombres, que representan casi dos tercios del total. Entre las razones destaca la mejora futura de la pensión. La edad media de quienes retrasan su retirada laboral se sitúa en 68,3 años, alrededor de dos años por encima de la edad ordinaria de jubilación.
