«La imputación por presunta obstrucción a la Justicia es ya grave, pero en sus cargos más», sentencia Hazte Oír, destacando que «el riesgo de destrucción de pruebas es manifiesto y notorio en sus cargos, y justo esos cargos facilitarían el que pudieran seguir continuando en la presunta acción delictiva». Además, esta acusación señala que el apoyo del presidente del Gobierno y el ministro del Interior a la directora y DAO no sólo a es a estos mandos, sino a ellos mismos». «El castillo de naipes», apunta en alusión a que si cae uno, ellos van detrás porque cantarán La Traviata.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles, que también ejercita la acusación popular en el caso, también exigirá medidas cautelares para «apartar a la directora general y al DAO y evitar que su continuidad en el cargo pueda condicionar o alterar la investigación judicial que está en curso. La AUGC denuncia que el ejercicio de la función de directora general de la Guardia Civil «resulta incompatible con cualquier atisbo de actuación al margen de los parámetros deontológicos que rigen la institución». «La presunta actuación de Mercedes González es más propia de una comisaria política que de quien, con absoluto respeto a la imagen y al papel que la Constitución otorga a la Guardia Civil, ejerce el mando de 80.000 hombres y mujeres, sobre cuyas cabezas descansa, nada más y nada menos, gran parte de la seguridad pública de España», critica esta asociación, la mayoritaria en la Benemérita, que luchará «en defensa de los principios y valores de la Guardia Civil».
Otro escenario al que se puede enfrentar el DAO, como ocurre con el resto de personal de la Guardia Civil, es la apertura de un expediente disciplinario, que se paraliza mientras no haya una resolución judicial. Una vez que se abre el expediente disciplinario, se paraliza, pero se puede aplicar el artículo 54, que son las medidas cautelares y recoge la suspensión durante tres meses, lo que no conlleva pérdida retributiva. Se están dando casos de agentes a los que se les aplican en primer lugar estos tres meses y después los suspenden durante seis meses de acuerdo a la Ley del Personal.
