Según ha adelantado El Mundo, la asociación Iustitia Europa, personada como acusación particular en el conocido como caso del «hermanísimo», ha presentado una demanda ante el Tribunal de Cuentas para reclamar el reintegro de las retribuciones públicas que recibió tras ser condenado por un delito de prevaricación administrativa.
La acción se dirige también contra Luis María Carrero, amigo de David Sánchez y antiguo asesor de Comunicación en Moncloa, igualmente condenado en la misma causa. En su caso, la asociación reclama la devolución de 86.988,76 euros, correspondientes al periodo comprendido entre enero de 2024 y junio de 2025. En conjunto, la reclamación asciende a 427.561,12 euros, si bien la propia asociación solicita que sea el Tribunal de Cuentas quien verifique las cantidades exactas mediante el requerimiento de las nóminas y demás documentación salarial a la Diputación de Badajoz.
La iniciativa llega después de que la Audiencia Provincial de Badajoz dejara abierta expresamente esta posibilidad en la sentencia condenatoria. Los magistrados señalaron que la eventual devolución de los salarios no podía acordarse en el procedimiento penal, sino que debía sustanciarse ante la jurisdicción contable, a instancia de la propia Diputación o del Ministerio Fiscal. Iustitia Europa sostiene ahora que la acción pública contable constituye el cauce legal para determinar si los pagos efectuados ocasionaron un perjuicio económico a las arcas públicas.
En el escrito presentado ante el Tribunal de Cuentas, la asociación recuerda que la sentencia concluyó que David Sánchez apenas acudía a su puesto de trabajo, que sus contactos con los directores de los conservatorios fueron «esporádicos» y que terminaron siendo «prácticamente inexistentes», además de considerar acreditado que incumplió las obligaciones inherentes al cargo para el que fue contratado. A juicio de Iustitia Europa, estos hechos «trascienden de la mera irregularidad administrativa» en la creación del puesto y obligan a analizar si se produjeron pagos públicos «sin la contraprestación contractual que los justificaba», así como si distintas autoridades y funcionarios autorizaron el abono de las nóminas pese a conocer el supuesto incumplimiento de sus funciones.
La asociación solicita al Tribunal de Cuentas que requiera a la Diputación de Badajoz toda la documentación relativa a ambos trabajadores, incluidas nóminas, contratos, resoluciones de nombramiento, cotizaciones sociales y los expedientes de autorización y pago de las retribuciones. También pide que, una vez cuantificada provisionalmente la responsabilidad contable, se requiera a los presuntos responsables para que afianzan las cantidades reclamadas y, en caso contrario, se proceda al embargo de sus bienes en los términos previstos por la ley.
Asimismo, la denuncia reclama ampliar la investigación al expediente de gasto de la producción teatral La Paz Perpetua, dirigida por David Sánchez. Según expone Iustitia Europa, la obra supuso un coste de 128.000 euros para la Diputación de Badajoz y apenas obtuvo una recaudación cercana a los 2.000 euros en taquilla.
La asociación sostiene además que la tramitación del procedimiento penal interrumpió el plazo de prescripción de las eventuales responsabilidades contables derivadas de los mismos hechos, por lo que considera plenamente vigente la posibilidad de reclamar el reintegro de las cantidades percibidas. Será ahora el Tribunal de Cuentas el encargado de decidir si admite a trámite la acción y abre las actuaciones para determinar la existencia de un eventual menoscabo de fondos públicos.
