En efecto, una de las singularidades del juicio al fiscal general del Estado se podrá apreciar nada más comenzar la vista oral en el Tribunal Supremo el próximo lunes. Y es que la Fiscalía, que ejerce la acusación pública, no ocupará -como suele ser habitual, un lugar en estrados junto al resto de acusaciones: la particular (que defiende los intereses de Alberto González Amador como perjudicado por la supuesta revelación de secretos) y las acusaciones populares. Según confirman fuentes del Tribunal Supremo, la teniente fiscal del alto tribunal, Sánchez Conde, se sentará finalmente en estrados a la derecha del tribunal, en la bancada normalmente reservada para las defensas de los acusados. Allí compartirá estrados con el también fiscal Francisco Javier Montero Juanes, quien fue el encargado de representar a la acusación pública mientras el procedimiento se instruyó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y con los representantes de la Abogacía del Estado (que asume la defensa de García Ortiz), Consuelo Castro y José Ignacio Ocio. Junto a los fiscales se sentará el propio acusado, una vez el tribunal que preside Andrés Martínez Arrieta le autorice a abandonar el habitual lugar reservado para los acusados frente al tribunal.
Y es que el Ministerio Público pide la absolución del máximo representante de la Fiscalía, al igual que la defensa, por lo que el tribunal entiende que no tiene sentido que se sitúe en la bancada de las acusaciones cuando su actuación procesal se sitúa en las antípodas al no ver indicio alguno de delito. Y es que el resto de acusaciones piden una condena de entre cuatro y seis años de cárcel y hasta doce de inhabilitación absoluta y ponen sobre la mesa no solo un posible delito de revelación de secretos, sino también los de prevaricación y el de infidelidad en la custodia de documentos (este último de forma subsidiaria).
De este modo, frente a la Abogacía del Estado y la Fiscalía, en el lado opuesto de la sala penal del Supremo, se situarán el letrado de la acusación particular, Rodríguez Ramos, y los abogados de las acusaciones populares: Ignacio de Luis (Colegio de la Abogacía de Madrid); Fernando García Capelo (Fundación Foro Libertad y Alternativa, que agrupa además a Vox y Hazte Oír, aunque sus letrados, Marta Castro y Javier María Pérez-Roldán, respectivamente, no se sentarán en estrados); Víctor Soriano (Manos Limpias), a quien sustituirán ocasionalmente si es necesario los letrados Inmaculada Yáñez y Antonio Lechuga; y Juan Antonio Frago (Asociación Profesional e Independiente de Fiscales), que pide la pena más alta para García Ortiz: seis años de prisión y doce de inhabilitación absoluta.
Y eso que hace solo unos días fuentes de la Fiscalía General del Estado daban por hecho que pese a no acusar al fiscal general, su representante se sentaría junto al resto de acusaciones, como suele suceder, dado que la Fiscalía, insistían, «tiene siempre sitio fijo en estrados» al margen de que considere, como en este caso, que el acusado debe ser absuelto. Una posición que, no obstante, como en cualquier juicio puede modificar al finalizar la vista oral, cuando defensas y acusaciones deben elevar a definitivas sus conclusiones provisionales una vez practicada toda la prueba en el plenario.
Ante el tribunal desfilarán casi 40 testigos, entre ellos el propio González Amador; el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez; políticos como el exlíder del PSOE madrileño Juan Lobato y la exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, hoy secretaria de Organización de los socialistas madrileños; fiscales claves del caso como Julián Salto, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez (que esquivó el banquillo en el último momento); el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés; y una docena de periodistas.
