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  Legal  CASO PLUS ULTRA: podría haber entrado en concurso
Legal

CASO PLUS ULTRA: podría haber entrado en concurso

El auditor de la aerolínea Plus Ultra, ha reconocido en el Senado que la compañía «podía haber entrado en concurso de acreedores en 2020 si los accionistas lo hubieran considerado adecuado». Y ha añadido que «no tenía liquidez dos años antes de la pandemia», pero que «no estaba en causa de disolución por el crédito participativo de Panacorp».

RedaccionRedaccion—20 de mayo de 20260
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Carbajo, de la firma Audicar, ha desvelado este miércoles en la comisión de investigación de las operaciones de la SEPI en el Senado que, durante sus trabajos en la aerolínea, sí que vio “alguna factura” de la empresa Análisis Relevante, vinculada al empresario Julio Martínez, amigo de Zapatero, confirmando que al menos hubo una operación financiera con la supuesta trama de corrupción.
Carbajo ha defendido su trabajo de auditoría en el que no incluyó ninguna salvedad porque eso «implicaba un informe negativo porque había irregularidades, que no hemos detectado». Sí incluyó lo que se conoce como párrafo de énfasis, que es una advertencia sobre la posibilidad de que la compañía entrara en concurso de acreedores (suspensión de pagos) si no se tomaban medidas para reequilibrar su situación patrimonial.
A su juicio, la SEPI debería haber tenido en cuenta dicho párrafo de énfasis a la hora de decidir la concesión del rescate, pero asegura que él no ha tenido nunca contacto con el holding público y que no sabía que Plus Ultra iba a solicitar el rescate.

Carbajo ha señalado que el crédito participativo de Panacorp, inicialmente de 6,3 millones, fue fundamental para evitar que Plus Ultra entrara en causa disolución y, por tanto, en concurso de acreedores. Si Plus Ultra hubiera entrado en la definición de “empresa en crisis” según las normas de la UE, no habría podido optar al rescate según las normas del fondo de rescate de la SEPI (FASEE). No obstante, el auto del juez José Luis Calama cita un informe pericial que se hizo para la investigación inicial del juzgado número 15 de Madrid. En dicho informe se afirma que “aunque la ayuda se justificó alegando que la empresa era estratégica y que no estaba en crisis antes de la pandemia, el análisis pericial determinó que ya llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez suficiente para operar. Los informes presentados por los asesores de SEPI fueron redactados para justificar la concesión del rescate, pese a que Deloitte señalaba dudas sobre la capacidad de la aerolínea para seguir funcionando y advertían de problemas graves de caja“.

“Para evitar que las cuentas reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución, la empresa habría recurrido a diversas herramientas contables: un supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp-que en realidad obligaba a inmovilizar fondos en unbanco de Dominica-, provisiones ajustadas y un canje de bonistas mediante el embargo de un avión. Todo ello permitía maquillar la situación patrimonial y evitar que los fondos propios aparecieran en negativo”, añade este informe.

Y finalmente, respecto a las posibles relaciones con la trama de Zapatero, sostiene que “en este informe también se detectaron pagos cuantiosos tras el rescate a sociedades que no formaban parte de la operativa normal de la aerolínea, con transferencias relevantes a empresas que no figuraban en ejercicios anteriores y que no tenían relación directa con la actividad de Plus Ultra”. El autor de este informe pericial, Pedro Martín Molina, comparecerá este jueves en la misma comisión del Senado.

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