El Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido no volver a su defensa después de los fracasos que cosechó en las dos reuniones anteriores, celebradas julio y mayo. En ambas, el Ejecutivo de España acabó pidiendo in extremis que la propuesta no se sometiera a votación de los Veintisiete porque sabía que iba a perder. No quería hacer visible e irreversible su derrota.
Para que la oficialidad supere el trámite, hace falta que ningún país vote en contra (las abstenciones no computan), y en los últimos meses varios han venido mostrando serias reticencias por el precedente que sentaría, por el coste -aunque el Ejecutivo español se ha comprometido a asumirlo- y porque no ven viable hacer algo así sin modificar los tratados, en contra de lo que sostiene España.
Cabe recordar que la oficialidad de las tres lenguas (que ni siquiera son cooficiales en toda España) entró a formar parte de las prioridades del Gobierno de Sánchez cuando Junts se lo exigió a cambio de sus votos para elegir a Francina Armengol como presidenta del Congreso, al comienzo de la legislatura.
Antes de que acabe el año, el Gobierno de Sánchez tendrá otras tres ocasiones para introducir el debate por tercera vez. El Consejo se reunirá también el 21 de octubre, el 17 de noviembre y el 16 de diciembre. Por lo pronto, en el encuentro de martes los socios centrarán el debate en la situación del Estado de Derecho en Albania, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia, que son países candidatos a entrar en la UE.
