El sindicato argumenta que la falta de palabra de Montero no solo incumple un compromiso salarial, sino que también desatiende a «más de cinco millones de empleadas y empleados públicos». Esta percepción de desprecio ha llevado a Comisiones Obreras a anunciar el «inicio de un proceso de movilizaciones en la función pública».
El descontento expresado por CC OO refleja las tensiones crecientes entre el Gobierno y los sindicatos, particularmente en el ámbito salarial. Las movilizaciones propuestas sugieren un aumento en la presión para asegurar que los acuerdos previamente establecidos sean respetados, y podrían tener implicaciones significativas en el panorama laboral y político en las próximas semanas.
Este acuerdo, basado en dos incrementos salariales, fue previamente acordado con Montero. La parte fija contempla un aumento del 2% en los salarios para el año 2024, mientras que la segunda consiste en una revisión de los salarios del 0,5% con carácter retroactivo al 1 de enero de 2023, vinculado al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) superior al 2,1%.
Comisiones Obreras lamenta que el Gobierno «se ha olvidado del personal de las administraciones públicas al no contemplar los acuerdos pactados en la función pública». Este descontento se suma a semanas de tensión entre el Gobierno y los sindicatos, exacerbado por el cambio legal impulsado para auditar el trabajo de los empleados públicos. El sindicato ha presentado una queja formal ante Función Pública, alegando que el decreto se aprobó «al margen» del diálogo social, exacerbando las tensiones en el ámbito laboral y sindical.
Comisiones Obreras ha anunciado su descontento por lo que considera incumplimientos por parte del Gobierno en materia laboral y salarial, según informa la propia organización en su comunicado. No obstante, el Ejecutivo y, por tanto, a ministra Montero todavía tiene cierto margen para aplicar la subida salarial, según explica el citado medio. La parte fija contempla un aumento del 2% en los salarios para el año 2024, mientras que la segunda consiste en una revisión de los salarios del 0,5% con carácter retroactivo al 1 de enero de 2023
Aunque el Gobierno ha informado a la Comisión Europea sobre una partida presupuestaria destinada a la subida pactada, Comisiones Obreras señala otros incumplimientos, como la falta de recuperación de la jubilación parcial para el personal funcionario y el carácter de mínimos de los permisos, medidas ya pactadas. Además, el sindicato critica el retraso en la implantación de la jornada de 35 horas semanales, la implementación del grupo B, y la adaptación al Marco Europeo de las cualificaciones del nuevo año.
El sindicato reconoce que el retraso en la aprobación de estas medidas se debe al adelanto electoral del pasado mes de julio. Sin embargo, ahora exige que con el Ejecutivo ya formado la activación de dichas medidas sea de manera inminente. Ante esta serie de circunstancias, Comisiones Obreras anuncia «el inicio de un proceso de movilizaciones en la función pública» si no se retoman de inmediato las negociaciones y se garantizan los incrementos retributivos.
Para Comisiones Obreras, lo deseable sería la aprobación de un real decreto-ley que incorpore las subidas salariales sin esperar a la aprobación de los presupuestos generales del estado para 2024. Sin embargo, el sindicato critica la utilización de la subida del salario de los funcionarios como una estrategia política del Gobierno para obtener apoyo parlamentario de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
