La organización presentará alegaciones y reclama cambios relevantes antes de su aprobación definitiva.
Aunque respalda los objetivos del Gobierno en materia de sostenibilidad y crecimiento ordenado, la asociación considera que la intensidad de las exigencias y los plazos de adaptación pueden comprometer inversiones, dificultar proyectos ya avanzados y reducir la competitividad de España frente a otros países europeos.
Según SpainDC, de aprobarse en los términos actuales, España contaría con el marco regulatorio más restrictivo de la UE. La entidad advierte además de que la normativa afectaría a proyectos iniciados bajo las reglas anteriores, generando incertidumbre jurídica para empresas que planifican inversiones a largo plazo.
La asociación señala que algunas compañías ya estudian trasladar proyectos a otros mercados europeos con entornos regulatorios más previsibles. En este contexto, estima que entre el 80% y el 90% de la nueva inversión potencial podría verse comprometida si no se modifica el texto.
SpainDC defiende la necesidad de combatir la especulación y liberar capacidad eléctrica, pero propone hacerlo mediante criterios de madurez y ejecución real de los proyectos. También cuestiona el proceso de tramitación y ha solicitado ampliar el plazo de consulta pública y crear una mesa técnica de trabajo con el sector.
La organización confía en que durante la tramitación se alcance una regulación más equilibrada que permita compatibilizar sostenibilidad, soberanía digital y atracción de inversión, manteniendo a España como un destino competitivo para el desarrollo de centros de datos.
