Estas son dos de las principales conclusiones de la encuesta llevada a cabo por el Consejo General de Economistas (CGE), que también recoge que el 51,2% de los economistas cree que la economía de España podría empeorar durante los próximos seis meses, mientras que un 16,7% prevé una mejoría.
Las nuevas reformas e impuestos en sectores estratégicos como banca y energía son vistas como un obstáculo para la competitividad por dos tercios de los economistas (66,7%). Durante la presentación del informe, el presidente del CGE, Pich, ha señalado que «aunque existen matices entre colectivos, los datos evidencian que sigue habiendo una percepción generalizada entre los economistas de que es imprescindible avanzar en un calendario claro de reformas estructurales y diseñar presupuestos alineados con la realidad social y económica percibida».
Por edad, los menores de 30 años son los más pesimistas, con un 88,9% que anticipa un empeoramiento de la economía española, mientras que los mayores de 60 años, en cambio, son los más optimistas, con un 18% que cree que la economía nacional mejorará. Por otra parte, e1,4% de los economistas opina que el desempleo se mantendrá en los niveles actuales, mientras que un 35,2% anticipa un aumento moderado.
Por otra parte, Pich ha aprovechado para comentar un tema que está generando u gran revuelo para el colectivo de los mutualistas y por ende, para los asesores fiscales. En concreto ha comentado que en la reforma fiscal aprobada por las Cortes Generales se incluyó una disposición que anula las solicitudes de devoluciones de mutualistas presentadas antes del 22 de diciembre de 2024, regulando un nuevo procedimiento para gestionar estas devoluciones, que deberán solicitarse anualmente a partir de 2025 mediante formularios disponibles en la Agencia Tributaria. El Consejo General de Economistas de España no comparte esta nueva situación porque «discrimina entre los contribuyentes que aún no han percibido la devolución, y que han de esperar hasta el 2028 para recuperar la totalidad de las devoluciones, de aquellos otros que ya han recibido la totalidad de los importes».
El CGE considera desafortunado el nuevo procedimiento regulado para solicitar las devoluciones, ya que limita la posibilidad de acudir al procedimiento general de rectificación o de devolución de autoliquidaciones. «Esta restricción podría derivar en una posible vulneración de los derechos de los contribuyentes», ha alertado.
Por su parte, el 52% de los economistas encuestados considera que la nueva estructura y objetivos señalados por Comisión Europea no tendrá un impacto relevante en la economía española. Sin embargo, un 33,6% anticipa efectos negativos, mientras que un 14,3% espera un impacto positivo.
