En la carta, el presidente de los APIs ha manifestado que “es obvio que la grave situación que sufre el sector de la vivienda es consecuencia de políticas no implementadas o erróneas durante muchas décadas atrás”. “Las políticas en materia de vivienda deben planificarse a 15 o 20 años, y no basarse en medidas cortoplacistas, generalmente limitadas a los intereses más inmediatos de quien gobierna. Parece claro que la nueva Ley de Vivienda ha sido una argucia legislativa que, como ocurrió con la Ley de Educación (LOE), corre todo el peligro de convertirse en un juego político entre partidos que puede mutar de legislatura en legislatura”, ha señalado.
La carta incide en los pocos recursos estatales destinados al mercado de la vivienda: “Un hecho tan dramáticamente significativo como el de encontrarnos en el grupo de cola de los países de Europa en construcción y presupuestos estatales de Vivienda de Protección Oficial (VPO), debería sensibilizar mucho más a un gobierno progresista. Disponer tan solo del 1,5% de vivienda de protección oficial, cuando la media europea (UE-28) es del 9,3%, es lamentable. Hay países como Holanda, con gobiernos conservadores, que superan el 30% en vivienda de promoción pública. De media, 13 comunidades autónomas, año tras año, no han impulsado ni construido ni una sola vivienda de protección oficial (VPO) destinada al alquiler”.
Así pues, Duelo Ferrer le hace al presidente Sánchez las siguientes peticiones: “Necesitamos presupuestos estatales que respalden los Planes de Vivienda y las leyes que se promulgan. Las leyes sin los fondos económicos que las sustenten son puras quimeras. Actualmente, tenemos las cuentas del Estado maquilladas. Basta con analizar la gráfica histórica de inversión en vivienda para darse cuenta de que, sin incluir los fondos europeos ‘Next Generation’, el esfuerzo presupuestario anual se sitúa en un importe de tan solo 1.000 millones de euros. Estimamos, en la línea de los países de nuestro entorno, que la inversión del Estado debería ser de un 0,6% sobre el PIB, es decir, de 8.000 millones de euros”.
El presidente de los APIs entiende que : “se requiere un gran pacto de Estado para resolver el grave problema de la vivienda. Se deben poner en marcha tanto políticas de promoción de vivienda asequible y social como de transformación y activación del suelo público, cuestiones que la nueva Ley ni incentiva ni aborda suficientemente. Sin este pacto de Estado no habrá sólidas alianzas público-privadas, indispensables para construir esos mínimos necesarios para evitar que las generaciones venideras se vean abocadas a retrasar aún más su emancipación o, incluso, se vean en situaciones de extrema precariedad”.
Además, el líder inmobiliario ha querido recordar el efecto negativo de la Ley de Vivienda para la ciudadanía y su acceso al mercado inmobiliario en cuestiones como la limitación del precio del alquiler, los cambios en la definición de gran tenedor, la desregulación de la profesión inmobiliaria, la inseguridad e inestabilidad jurídica que vive el sector, la falta herramientas jurídicas para solucionar el problema de la ocupación ilegal de viviendas y el retraso español en el objetivo europeo de eficiencia energética para el 2033.
