La mayoría fueron incendios forestales, aunque también se incluyen inundaciones, tormentas, temporales costeros y accidentes industriales.
La medida permitirá a los afectados acceder a las ayudas previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil para compensar daños personales, desperfectos en viviendas y enseres, pérdidas en actividades económicas y gastos asumidos por las administraciones locales. También podrán beneficiarse quienes prestaron ayuda material o personal durante las emergencias.
La declaración afecta a Andalucía, Aragón, Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco, Murcia y Comunitat Valenciana.
Entre los siniestros incluidos figuran los incendios de Madrid, Ávila y Toledo, que motivaron la declaración de emergencia de interés nacional, así como el incendio de la Sierra de Espadán (Castellón) y el de Los Gallardos (Almería), uno de los más graves del año. También se incorporan numerosos incendios registrados durante la primavera y el verano en Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Castilla y León, Navarra, Aragón y Cataluña.
El acuerdo contempla además otros fenómenos meteorológicos adversos, como temporales costeros en Baleares, fuertes lluvias y tormentas en Cataluña, Mallorca y Murcia, y las inundaciones registradas en La Rioja a finales de junio.
Junto a las ayudas del Ministerio del Interior, la declaración abre la puerta a medidas complementarias, entre ellas beneficios fiscales, bonificaciones y exenciones de cuotas a la Seguridad Social, ayudas para reparar infraestructuras municipales y actuaciones urgentes para restablecer servicios públicos dañados.
Asimismo, podrá eximirse del pago de determinadas tasas administrativas relacionadas con la expedición del DNI, permisos de conducción y circulación, o la baja de vehículos afectados por las emergencias.
