La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, calificó la resolución de “extraordinaria gravedad” y sostuvo que afecta a un derecho fundamental recogido en la Constitución.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz defendió que “en una democracia el derecho al voto se garantiza y no se restringe”, al tiempo que recordó que muchos de los afectados son descendientes de españoles que abandonaron el país durante la dictadura.
La portavoz evitó concretar si el Ejecutivo recurrirá la decisión ante el Tribunal Constitucional, al señalar que la resolución judicial acaba de conocerse y está siendo analizada por los servicios jurídicos del Estado. No obstante, confirmó que la Abogacía del Estado estudia las posibles vías de actuación frente a la suspensión acordada por el Alto Tribunal.
Pese a las duras críticas a la decisión judicial, Saiz subrayó que el Gobierno “siempre acata” las resoluciones de los tribunales, aunque insistió en la preocupación del Ejecutivo por una medida que considera lesiva para los derechos políticos de los afectados.
La suspensión fue acordada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo mientras se resuelve el fondo del procedimiento relacionado con las inscripciones electorales derivadas de la llamada ‘ley de nietos’.
