Esta es una de las conclusiones del informe sobre tendencias en materia de despidos colectivos en España, elaborado por Cuatrecasas y presentado este martes, que ha atribuido este incremento a la necesidad de las empresas de ajustar sus costes para hacer frente a la inflación y al aumento del precio de las materias primas. A pesar de que ha aumentado el número de afectados por un ERE en 2023, éste sigue siendo inferior al de 2021 (43.662).
El incremento de 2023 se ha observado principalmente en el sector servicios y en el industrial; se concentró en Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, aunque también Galicia y País Vasco; y se registró mayoritariamente en las empresas de tamaño medio (50-499 trabajadores). Entre los motivos para introducir a un trabajador en un despido colectivo, es mayoritario el criterio voluntario (65 % de los expedientes analizados).
No obstante, ha destacado el aumento de acuerdos que cuentan con compromisos de permanencia en la empresa de colectivos como personas con discapacidad, reducción de jornada por cuidado de familiares o situaciones de incapacidad temporal. El socio del área Laboral de Cuatrecasas Aranaz apunta a una posible continuación en 2024 de esta tendencia al alza de los despidos colectivos derivada de la incertidumbre económica y geopolítica a nivel global que da lugar a un entorno económico más inestable, afectando a exportaciones e inversión. Ese repunte para este año es confirmado también por la subdirectora adjunta de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Macarena Bedmar, quien avanza que este año cerrarán con 190 expedientes tramitados en la Subdirección de Trabajo, frente a los 160 de 2023.
Hasta la fecha, la Subdirección de Trabajo, uno de los organismos que recibe los expedientes -junto con las autoridades laborales autonómicas-, ha tramitado 185, la mayor parte (142) de regulación de empleo (ERE), en tanto que el resto fueron de regulación temporal de empleo (ERTE). Los principales motivos esgrimidos en esos 142 ERE fueron las causas económicas (85) frente a las técnicas y productivas (56), detalla Bedmar, quien subraya además que se han duplicado los expedientes que contaron con un preaviso de seis meses. Aranaz ha resaltado que, pese a ese incremento de los despidos colectivos, también se observa una tendencia hacia el acuerdo entre las partes implicadas. En 2023, el número de despidos colectivos con acuerdo (28.155 trabajadores afectados) ha superado significativamente a los finalizados sin acuerdo (4.020), lo que refleja una mayor disposición de empresas y personas trabajadoras a encontrar soluciones consensuadas. Otro de los socios del área Laboral de Cuatrecasas, Jordi Puigbó, ha puesto de relevancia esa necesidad de que empresas y representantes de los trabajadores busquen el acuerdo en los procesos de despidos colectivos, porque aportan «seguridad frente a una posible judicialización».
A ese alargamiento de los plazos en los tribunales se han referido también los secretarios generales de UGT y CCOO en Cataluña, Ros y Pacheco, quienes atribuyeron a la reforma laboral de 2012 esa «ruptura» de los equilibrios en los procesos de despidos colectivos, al eliminarse la autorización previa administrativa. El promedio de las cuantías indemnizatorias pactadas en los acuerdos de despido colectivo «supera el límite legal para el despido objetivo» (20 días por año trabajado y un límite de 12 mensualidades), dice el informe, que apunta que en la mayoría de los acuerdos alcanza los treinta días de salario por año de servicio.
