El ministro de Economía, ha destacado que el Consejo de Ministros ha retomado el texto que avaló el Congreso de los Diputados en la anterior legislatura y apostado porque el nuevo organismo esté en funcionamiento «antes del final de 2024». «Es la clave de bóveda de nuestro sistema de protección e inclusión del cliente financiero y viene a complementar el trabajo de los códigos de buenas prácticas que se han impuesto las entidades financieras. Además, refuerza el papel de los protocolos que se asimilan a las conductas», ha apuntado el titular de Economía quien ha subrayado que con este nuevo organismo se cumple uno de los hitos del Plan de Recuperación relacionado con la modernización de las administraciones.
Cuerpo también ha expuesto algunas de las características que tendrá la Autoridad del Cliente Financiero como que las reclamaciones serán atendidos en un máximo de 90 días, y que las resoluciones «por debajo de 20.000 euros» tendrán carácter vinculante. En este contexto, el titular de Economía ha mencionado problemas como el cobro inadecuado de una comisión, la devolución de un recibo sin informar al interesado o el intento de imponer una tasadora específica en plena firma de una hipoteca.
Sobre la forma en que se financiará el nuevo organismo, el titular de Economía Carlos Cuerpo, ha especificado que se hará a través de «una tasa a las entidades financieras variable, según el número de reclamaciones así como de las que sean resueltas a favor del cliente». A su juicio, esto supondrá un incentivo para que los bancos den resolución al mayor número de resoluciones y reduzcan su volumen subsanando los problemas que surjan en su actividad.
El ministro ha destacado que la futura Atuoridad supondrá «un mayor grado de eficiencia del sistema institucional». En este sentido, ha recordado, que en la actualidad el cliente financiero se encuentra con que «habrá tres niveles sucesivos teniendo que dirigirse primero a los servicios de atención al cliente, que son los defensores del cliente de las entidades, luego en un segundo nivel están los servicios de reclamaciones de los servicios de supervisión (BdE, CNMV y Dirección General de Seguros) y, finalmente, a esta Autoridad». Cuerpo también ha garantizado que toda esta tramitación será gratuita para el solicitante.
En este sentido, el titular de Economía ha apostado por «un concepto de atención personalizada» y por «adecuar la actuación de las entidades financieras a las características de los clientes como la edad, la discapacidad y si se trata de colectivos vulnerables». Al hilo de lo anterior, ha destacado que la nueva Autoridad «complementa» las medidas adoptadas por el Gobierno para proteger a los clientes financieros y que ya tuvo un amplio apoyo.
En otro orden de cosas, el Gobierno ha aprobado este martes una línea de 430 millones de euros para la rehabilitación de vivienda y la construcción de vivienda asequible, que ahora transferirá a las comunidades autónomas. La intención es facilitar cambios en los hogares que vayan dirigidos a una mejor eficiencia energética y mejor accesibilidad, es decir, cambios de ventanas, mejoras en los sistemas de calefacción o en el acceso al domicilio, entre otras. Según ha explicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, un español podrá ahorrarse incluso un 48% de la reforma de su vivienda gracias a estas ayudas.
“Una persona que esté acogiéndose a estos fondos, que vaya a hacer una inversión en un cambio de carpintería en su domicilio por un importe de 5.000 euros, va a recibir una ayuda de un 40%, que significa que solo va a tener que asumir 3.000, y además va a poder deducirse en el IRPF un 20%, por lo que tendrá que hacer un desembolso de 2.400 euros», ha expuesto la ministra a modo de ejemplo. Por tanto, los 430 millones no solo van destinados a rebajar el importe de la rehabilitación sino también a incentivos fiscales de los que el contribuyente podrá beneficiarse a través de la declaración de la renta.
Este es el último paso que completa los 5.520 millones de euros destinados a vivienda, de los que 3.420 forman parte de un programa de rehabilitación -estos 430 millones son la última entrega de ese bloque-, 1.000 millones son para nuevas viviendas del parque público de alquiler asequible, 1.080 irán destinados a la rehabilitación de edificios públicos y otros 20 millones tienen como destino el diseño de «agendas urbanas» de nuestro país, como ha recordado la ministra. Junto con los 4.000 millones ya aprobados para la promoción de nuevas viviendas, el Gobierno entiende que se trata de un «esfuerzo sin precedentes» que se sumarán a los fondos ya destinados, sumando 9.500 millones euros, «casi 10.000 millones destinados a políticas públicas de vivienda», ha presumido Rodríguez.
