La evidente falta de apoyos en el Congreso y el Senado se ha traducido en el peor curso parlamentario completo de las tres legislaturas del actual Ejecutivo. No obstante, a pesar del fin de las sesiones plenarias ordinarias, el Congreso puede celebrar sesiones extraordinarias en julio.
El Gobierno solo ha conseguido sacar adelante la Ley de movilidad sostenible, la Ley de atención al cliente, la Ley de Navegación aérea, la Ley de impulso a la economía sostenible y la Ley orgánica de multirreincidencia. Además, en el último pleno del pasado 25 de junio logró que se aprobaran la ley para transferir la AP-9 a Galicia y la ley para penalizar las terapias de conversión.
Sin embargo, tiene aún en tramitación en el Congreso, y muchas atascadas, las normas de mayor calado como la ley de lobbies que obligaría a las empresas y a los grupos de interés a transparentar las reuniones con políticos y cargos públicos; la ley de información desclasificada para sustituir la actual norma de secretos oficiales y evitar que la información permanezca oculta indefinidamente o la ley que reforma el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado. Además, también está congelado el proyecto de ley de Función Pública para controlar el trabajo efectivo que realizan los funcionarios y la auténtica reforma fiscal que se esconde detrás del proyecto de ley para garantizar la tributación de los criptoactivos que se ubican en el extranjero y también para cambiar los plazos de prescripción para derivar la responsabilidad tributaria.
El Ejecutivo ha aprobado este curso 25 Reales Decreto-leyes, figura que no necesita pasar a debate por las Cámaras ni informes de órganos consultivos y, por lo tanto, adolecen de la transparencia parlamentaria necesaria para sacar adelante una ley. De ellos, 18 han sido convalidados por el Congreso, cinco rechazados y dos están en tramitación. A través de Reales Decreto-leyes, Sánchez ha logrado sacar adelante la revalorización de las pensiones, las ayudas para las víctimas de Adamuz y de la DANA de Valencia o medidas energéticas para paliar los efectos de la crisis de Oriente Medio. También dio luz verde una batería de medidas fiscales relevantes como los límites de facturación para los autónomos que tributan por el régimen de estimación objetiva (módulos), que no se llegaron a convalidar, o deducciones en la Renta por la compra de vehículos eléctricos o por la mejora energética de las viviendas.
Además de los 81 proyectos de ley remitidos por el Gobierno a las Cortes en esta legislatura, el Grupo Parlamentario Socialista también tiene pendientes otras 22 leyes, entre las que destaca la ley para mejorar el acceso al alquiler que plantea incrementar a los extranjeros los impuestos por la compra de vivienda y subir la tributación de los ciudadanos que tengan inmuebles vacíos.
La escasa capacidad de Sánchez en el ámbito legislativo se ha evidenciado desde el inicio de la actual legislatura que arrancó en noviembre de 2023. Desde entonces, ha sacado adelante 30 leyes y 48 Reales Decretos-leyes. En la legislatura anterior (2020-2023) pudo aprobar 116 leyes, 69 Reales Decretos-leyes y un Real Decreto Legislativo, mientras que en la primera (junio de 2018 a enero de 2020) solo sacó adelante 17 leyes y 35 Reales Decretos-leyes. Unas cifras que contrastan con legislaturas anteriores, como la del expresidente Mariano Rajoy de 2011 a 2016, donde se aprobaron 160 leyes, 52 Reales Decretos-leyes y ocho Reales Decretos Legislativos.
El Plan Anual Normativo de 2026, texto que recoge todas las normas que el Ejecutivo pretende sacar adelante en el año, refleja la intención de aprobar 38 leyes, otras 10 leyes con carácter orgánico y 131 reales decretos. Esto no implica que las normas vayan a salir adelante en las Cámaras, sino que serán aprobadas por el Consejo de Ministros para remitirlas al Congreso para que inicien su tramitación. Entre las futuras leyes más relevantes figuran la modificación de la Ley de Financiación de las CCAA, la Ley Orgánica de Integridad Pública o la reforma de la ley de asistencia de justicia gratuita.
