La decisión responde a una petición de Iustitia Europa, que reclamaba medidas cautelares y la apertura inmediata de actuaciones. Defensa recuerda que no ha recibido documentación judicial que permita valorar el caso y subraya que la investigación penal tiene prioridad sobre cualquier procedimiento administrativo.
No obstante, el departamento señala que podrá adoptar medidas de oficio en función de la evolución del proceso judicial.
Llamas y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, declararán como investigados el próximo 16 de julio por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia relacionados con supuestas actuaciones contra miembros de la UCO.
La postura de Defensa coincide con la del Ministerio del Interior, que mantiene su confianza en ambos responsables y descarta apartarlos de sus cargos mientras continúa la investigación judicial.
