Estos programas se orientarán a las prioridades marcadas por la Comisión Europea y la OTAN, con especial foco en la defensa antiaérea, la modernización del sector aeronáutico y naval y el desarrollo de la industria de misiles, considerada estratégica.
Los PEM forman parte de la estrategia del Ejecutivo para alcanzar el objetivo de destinar el 2% del PIB a defensa en 2026, junto con el Plan Anual de Contratación —valorado en 10.000 millones— y la ejecución de inversiones ya comprometidas en el plan aprobado en 2025.
La apuesta industrial combina el papel de grandes compañías del sector, como Navantia, Airbus o Indra, con un mayor apoyo a pymes y startups, especialmente en el acceso a financiación, tanto pública como privada.
El anuncio coincide con la creación de la nueva Comisión de Seguridad y Defensa de la CEOE, concebida como un órgano de interlocución entre la industria y las administraciones. Integrará a más de 300 empresas y aspira a influir en la toma de decisiones y aprovechar oportunidades de financiación europea, como el Fondo de Competitividad de Defensa.
Desde el Gobierno se insiste en que el refuerzo de la industria de defensa es clave para garantizar la autonomía estratégica y atraer inversión, en un contexto en el que seguridad y actividad económica están cada vez más vinculadas.
